Estos serían los dos vehículos que se usaron para llevar a cabo el atentado.Las autoridades colombianas han revelado nuevas evidencias clave en el caso del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien continúa en estado crítico luego de recibir un disparo durante un acto proselitista en Bogotá el pasado 7 de junio. Este viernes 20, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín hicieron públicas imágenes de dos vehículos que habrían sido utilizados por los responsables del ataque, los cuales fueron identificados gracias a cámaras de seguridad de la zona.
Se trata de un Chevrolet Spark gris con placas JFP 026, que, según las investigaciones, fue conducido por Carlos Eduardo Mora, el segundo capturado en el caso. De acuerdo con el ente acusador, este vehículo habría sido usado para transportar el arma que empleó el menor de edad vinculado al hecho. El segundo automotor es un Volkswagen azul, placas NAP 202, que fue visto merodeando el lugar durante el momento del atentado.
Las autoridades también indicaron que un tercer vehículo, un Kia Picanto, aparece en otras grabaciones de seguridad. Aunque su participación aún está en análisis, podría ser determinante para esclarecer el rol de todos los involucrados.
Fiscalía confirma móviles políticos en el ataque
En un audio revelado por Noticias Caracol, una fiscal del caso afirmó que el atentado está directamente relacionado con la actividad política del senador Uribe Turbay. “La tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”, señaló.
La funcionaria añadió que la víctima había advertido en múltiples ocasiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre su situación de riesgo, sin recibir respuestas eficaces. “No hay evidencia alguna de que él tuviera amenazas por motivos personales, económicos o familiares”, subrayó.
Familia denuncia a la UNP por presunta negligencia
Este lunes, la familia del senador presentó una denuncia penal contra la UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia al no reforzar oportunamente el esquema de seguridad del congresista, a pesar de las múltiples alertas.
Víctor Mosquera, abogado de la familia, declaró que en lo corrido de 2025 se presentaron más de 23 solicitudes de protección adicional. “La última fue el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado. Todas las respuestas fueron evasivas y repetitivas, como un ‘copy-paste’ institucional”, dijo el jurista frente a las instalaciones de la Clínica Fundación Santa Fe.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas, mientras la ciudadanía y sectores políticos exigen celeridad y garantías de protección para líderes de oposición que denuncian riesgos similares.