Pocos avances estructurales y barreras persistentes en el trámite, que incluyen falta de compromiso, proyectos sin enfoques claros y cero inclusión de sanciones a los corruptos, impiden un avance efectivo en la legislación anticorrupción que el país necesita.
En Colombia falta un compromiso sostenido de los congresistas para luchar contra la corrupción. Sus proyectos no tienen enfoques claros en medidas preventivas ni líneas o estrategias definidas de investigación y, sobre todo, carecen de sanciones a los corruptos.
Esta es la principal conclusión del “Balance del Congreso 2023 -2024 en materia de lucha contra la corrupción”, que hace pocos días presentó la Corporación Transparencia por Colombia.
En este contexto, no hay duda de que “la corrupción aumenta en Colombia, porque la eficacia de las leyes sigue siendo incierta”. Y es casi seguro que usted, como lector, subraya la palabras leyes.
Para entender mejor la situación actual, Vanguardia se apoya en las conclusiones de otra importante investigación. En esta oportunidad se hizo una radiografía de la corrupción en América Latina.
Según el documento, todos los colombianos hemos “percibido niveles de corrupción en constante aumento durante más de una década”.
Las cifras son contundentes. “En 2012 y 2016, menos de una cuarta parte de colombianos encuestados creía que había corrupción significativa en el país”.
En 2020, esa cifra aumentó al 31 % y en 2024 ascendió a casi la mitad de los encuestados (45 %)”.
“Esto ubica a Colombia a la par de países como Brasil, Paraguay y Perú, por primera vez, en lo que respecta al riesgo de corrupción.
“Un número significativamente mayor de colombianos dice que la corrupción es ahora un obstáculo importante para hacer negocios, pasando del 23 % en 2020, al 50 % en 2024.
“Hoy, más colombianos citan la pérdida de negocios debido a la corrupción (32 % en 2020 versus 44 % en 2024)”.
Los anteriores indicadores son parte de la “Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024″, desarrollada en asociación con firmas de abogados líderes en toda la región.
La investigación logró la información de más de 1.000 profesionales en América Latina y Estados Unidos, y se soporta en los hallazgos de otras encuestas realizadas en 2008, 2012, 2016, y 2020.
Y quiénes fueron encuestados? Numerosas industrias y empresas, desde corporaciones multinacionales que cotizan en bolsa hasta empresas locales y regionales. Hubo abogados, directores de riesgos, funcionarios de cumplimiento y una variedad de altos ejecutivos.
Leyes, siempre las leyes
La misma encuesta señala que, el colombiano es en gran medida consciente de que las leyes anticorrupción del país se han fortalecido.
Sin embargo, es muy pobre el porcentaje global de ciudadanos que piensa que sus leyes son efectivas en grado moderado o significativo: 37 % en 2024 versus 23 % en 2020.
Los encuestadores llaman la atención sobre la “importante falta de confianza entre los colombianos en el poder judicial”.
El 67 % de los colombianos que no informó a las autoridades sobre actividades corruptas después de perder negocios, dijo que no confía en el poder judicial colombiano. El nivel de desconfianza en 2020 era del 43 %.
También se le presta menos atención al cumplimiento normativo anticorrupción -compliance-. Incluso, mientras que las autoridades locales han comenzado a exigir lo que refieren como Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
La investigación señala que, en 2024 “menos empresas en Colombia consideran que abordar el riesgo de corrupción es una prioridad máxima: 64 %, frente a 77 % en 2020.
Además, cayeron los esfuerzos y recursos para mejorar la conciencia y prevenir la corrupción en los próximos 12 meses: del 73 % en 2020 al 69 % en 2024, cuando se esperaría que esa tasa aumentara.
Lo único cierto, concluyen los encuestadores, es que “el impacto del fortalecimiento de las leyes anticorrupción aún es incierto” en Colombia.
El país está entre las ocho jurisdicciones clave de América Latina que experimenta una ola de leyes anticorrupción nuevas y más estrictas en los últimos diez años: (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú).
Todos mejoraron sus leyes anticorrupción durante ese tiempo, introdujeron responsabilidad penal o administrativa corporativa, por delitos de corrupción e incentivaron a las empresas a tener mecanismos de compliance adecuados, según el documento.
Al preguntarle a un encuestado si cree probable que un delincuente sea procesado, la mayoría de estos países muestra cifras mejores o estables, señalan los encuestadores.
Solo en Colombia y Chile, que han fortalecido sus leyes, se ve un cambio positivo en las percepciones sobre la efectividad de las leyes anticorrupción.
Pero solo Chile parece haber establecido un régimen legal y de aplicación fiable.
¿Y el papel del Congreso?
Cuando hablamos de leyes, hablamos del Congreso de la República. Vanguardia presenta además, para este informe, el “Balance del Congreso 2023 -2024 en materia de lucha contra la corrupción”, presentado por Transparencia por Colombia.
Un análisis completo sobre las coyunturas que afectaron el pasado período legislativo, cerrado en junio de 2024.
La Corporación analizó proyectos de ley que pueden generar algún tipo de impacto en la lucha contra la corrupción y las conclusiones sobre lo que se debe mejorar en el proceso legislativo.
De los 785 nuevos proyectos de ley presentados, solo 56 tenían el potencial de impactar la lucha contra la corrupción en Colombia. Es decir, solo el 7,1 %.
Ya sea porque incluían medidas para fortalecer las entidades y procesos de administración pública, o porque los ajustes planteados en lugar de apoyar esa lucha, ocasionaban riesgos de corrupción o no atendían los existentes.
A esos 56 proyectos se le sumaron 14, que están en otros momentos del proceso legislativo, para un total de 70 proyectos analizados.
En su balance, Transparencia por Colombia destaca la aprobación, en primer debate, del proyecto que busca proteger a los denunciantes de corrupción, pero solo avanzó primer debate.
También se resalta la aprobación del proyecto que obligaría a los congresistas a rendir cuentas y, el archivo del proyecto que permitía el transfuguismo de los congresistas.
Estos proyectos contaron con recomendaciones de Transparencia por Colombia y otras organizaciones sociales orientadas a fortalecer sus contenidos o a alertar sobre los riesgos de retroceso.
7,1 %
de los 785 nuevos proyectos de ley presentados en la legislatura 2023-2024 en el Congreso, tienen relación con temas de lucha contra la corrupción.
Solo impulso
En su análisis, Transparencia por Colombia también encontró que el 39 % de esos 70 proyectos identificados superaron el primer debate y continuarán trámite en la próxima legislatura.
Entre ellos destacan: proyectos que buscan otorgar medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, incorporar en la contratación pública medidas de transparencia e incluir esas medidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Pero, hay una alerta. La baja probabilidad de que esos proyectos avancen en la siguiente legislatura, debido al alto volumen de actos legislativos que se presentan cada año, y que por lo general son más de 600.
Además se encontró que, apenas el 21 % de los proyectos identificados superaron dos debates y pasaron a la siguiente Cámara.
Es decir, que el estancamiento del trámite en el segundo debate causa que la mayoría de discusiones terminen archivadas, a pesar de haber sido aprobadas en la comisión de origen.
Avanzar en lo estructural
Transparencia por Colombia señala que la gestión de los congresistas de la República carece de un compromiso sostenido para luchar contra la corrupción.
Con excepción del proyecto de ley sobre protección a denunciantes, se afirma que, los proyectos centrales para el país que se discutieron durante la legislatura, no incluían un enfoque claro en medidas preventivas, de investigación y sanción de la corrupción.
El análisis muestra que las iniciativas que avanzan en el trámite legislativo aún deben atacar las raíces estructurales de la corrupción.
Por ejemplo, falta regular la actividad de cabildeo, la financiación indebida de campañas, la ausencia de medidas para fortalecer las capacidades e independencia de los órganos de control y la ausencia de una estrategia de transparencia presupuestaria nacional y territorial.
La coyuntura política afectó
La Corporación encontró factores externos y coyunturales que afectan el avance de los proyectos que impactan de alguna forma la lucha contra la corrupción.
En particular, “los escándalos de corrupción de la Ungrd, que involucra altos funcionarios del Gobierno Nacional y a distintos congresistas —incluyendo las presidencias de ambas cámaras por, presuntamente, recibir dineros para apoyar iniciativas del Ejecutivo—”.
Todo eso, explican, afectó de manera fuerte el ambiente donde se discuten los proyectos de ley, retardó el desarrollo de las sesiones y prolongó el proceso legislativo.
A lo anterior se suma, según los investigadores, que se afectó la confianza de la ciudadanía en el trabajo legislativo que deben ejercer sus representantes.
Tres barreras
Luego de cinco años de seguimiento a la actividad legislativa en esta materia, Transparencia por Colombia identificó que persisten tres barreras principales que afectan el avance de los proyectos de ley relacionados con la lucha anticorrupción:
1. Falta de voluntad política para discutir iniciativas legislativas en la materia
2. Inclusión de disposiciones en los proyectos de ley que podrían favorecen intereses particulares
3. La desconexión entre las normativas promulgadas y los aspectos estructurales necesarios para combatir la corrupción.
La frase:
