La Alcaldía de San Gil anunció que a partir de ahora cobrará por los cuerpos que lleguen de otras poblaciones del sur de Santander.

Un nuevo convenio firmará la Alcaldía de San Gil y Medicina Legal para que esta última entidad continúe funcionando en el municipio.

Luego de la no aceptación de un cadáver proveniente de una población vecina en el laboratorio de tanatopraxia que funciona en el cementerio La Esperanza, se dio a conocer que la firma de dicho documento estaba en vilo y por eso la demora en el proceso.

Sin embargo, para continuar con el proceso, la administración sangileña estaba buscando que las demás alcaldías de las provincias Guanentá y Comunera que no cuentan con medicina legal ayudarán con los gastos que requiere el pago del arriendo y sostenimiento de la sala de tanatopraxia de Medicina Legal que funciona en el barrio La Playa.

Orlando Quintero, secretario de Gobierno de San Gil, expresó que no era justo que toda la carga financiera de este funcionamiento recayera en San Gil, si todos los municipios vecinos usaban el servicio.

Según las cuentas locales, el convenio incluye dos contratos: por el espacio de tanatopraxia se pagan $12 millones al mes y por la casa en La Playa para las oficinas cerca de $3 millones.

Para lograr este consenso económico, la Alcaldía citó la semana pasada a una reunión a las administraciones locales, sin gran éxito en la convocatoria. Al encuentro en el que también estaban los representantes de Medicina Legal, solo llegaron funcionarios de Charalá, El Páramo y Ocamonte.

Ante esta situación, Quintero dijo que a partir de ahora el municipio cobrará por los cuerpos que lleguen de otras poblaciones. Las facturas de cobro se le harán a cada una de las alcaldías, por un valor de $1,2 millones aproximadamente por tratamiento de un cadáver.

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