El Gobierno Nacional celebró la decisión de un tribunal de arbitramento y señaló que no pagará “ni un dólar” ante las pretensiones de Eco Oro, por la demanda ante la prohibición en la explotación de oro en el Páramo de Santurbán.
Tras la decisión de un tribunal internacional de arbitraje, el Gobierno Nacional confirmó que no pagará “ni un dólar” ante las pretensiones de la empresa minera Eco Oro en multimillonaria demanda por la prohibición de explotación de oro en el páramo de Santurbán. El pasado lunes, 15 de julio, se emitió el laudo que pone fin a este pleito cuyas pretensiones, con intereses, superaban los 1.000 millones de dólares.
Frente a la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Andje, informó que el país no entregará “ni un dólar” y celebró la determinación.
“El Tribunal Arbitral determinó que Eco Oro no aportó prueba alguna, pese a que se le dio una segunda oportunidad para el efecto, de la existencia del perjuicio supuestamente sufrido y en consecuencia, decidió no otorgar un solo dólar por concepto de indemnización”, señaló esa entidad estatal.
En la demanda inicial, la internacional minera señalaba que ciertas medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por las autoridades colombianas para prohibir la minería en ecosistemas de páramo y su implementación en el páramo de Santurbán, impidieron desarrollar un proyecto de gran minería de oro en su concesión minera. En consecuencia, la internacional minera decía que se trataba de una expropiación indirecta de su inversión.
Si bien el monto inicial de la indemnización solicitada era de 690 millones de dólares, al sumar los intereses esas pretensiones podrían alcanzar los 1.100 millones de dólares, según señaló la entidad gubernamental en un comunicado.
Uno de los fundamentos de Eco Oro es que las medidas adoptadas por el Gobierno violaron el Estándar Mínimo de Trato del Artículo 805 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia.
“El Laudo pone fin a un largo y complejo arbitraje de más de 8 años. En septiembre de 2021, el Tribunal Arbitral había dictado una Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad en el que desestimó la reclamación por expropiación formulada por Eco Oro por considerar que la prohibición de actividades mineras en ecosistemas de páramo constituía un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado para proteger el interés general, especialmente en cuestiones relativas como la protección del medio ambiente”, detalló la Andje.
Según lo señalado por esa entidad estatal, en septiembre de 2021 el Tribunal Arbitral “reconoció el papel fundamental de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, en medio de fenómenos globales como el cambio climático, y precisó que el Páramo de Santurbán es una fuente hídrica vital para más de 2.5 millones de personas, agregando que los impactos negativos de la minería en ecosistemas de páramo son irreversibles”. Puede interesarle: Santurbán sigue protegido: Colombia ganó pleito de $700.000 millones
Si bien la mayoría del Tribunal Arbitral había decidido que la implementación de la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán no se realizó de conformidad con el Estándar Mínimo de Trato contemplado en el Artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente ocasionados, en el laudo se concluyó de “manera definitiva que el inversionista no probó daño algún”.
En particular, el Arbitral Tribunal concluyó que Eco Oro no fue capaz de aportar ninguna prueba para determinar el valor de la pérdida de oportunidad de solicitar una licencia ambiental.
Según informó la Andje, el Tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos enteramente por Eco Oro, “ya que dichos costos no son consecuencia de la violación del Artículo 805 identificada por el Tribunal, sino una obligación del concesionario como consecuencia de la terminación de la concesión”.
Esta decisión se suma a los recientes laudos en los arbitrajes contra Red Eagle y Montauk, y representa una nueva victoria de Colombia en arbitrajes de inversión relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán. Estas tres reclamaciones sumaban, en conjunto, alrededor de 1.500 millones de dólares.