No se trata de negarles apoyo, sino de asegurarnos de que las decisiones médicas que puedan tener un impacto irreversible en sus vidas sean tomadas con la mayor cautela posible, basada en evidencia científica y no en presiones ideológicas.

Las controversias que rodean a Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud, son cada vez más preocupantes. No solo se ha cuestionado su manejo de las intervenciones en las EPS e IPS, donde, a pesar de las acciones del gobierno, las reclamaciones de los usuarios se han disparado y la UPC sigue siendo insuficiente, sino que ahora nos sorprende con una nueva resolución que ha alarmado a todos los que defendemos los derechos de los niños.

Esta semana, Leal emitió una resolución que obliga a las entidades de salud a ‘contar, de acuerdo al nivel de complejidad, con el talento humano que brinde apoyo integral en los tratamientos y procedimientos de afirmación o reafirmación de género a niños, niñas y adolescentes trans’, malinterpretando la sentencia de la Corte Constitucional y ajustándola de manera arbitraria.

Esta disposición, más que proteger, pone en riesgo a los niños al permitir decisiones médicas irreversibles en una etapa de la vida donde el cerebro aún no está plenamente desarrollado.Es ampliamente aceptado por la comunidad científica que el cerebro de los niños y adolescentes no está completamente desarrollado para tomar decisiones tan significativas. La corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el control de impulsos y la planificación a largo plazo, continúa su desarrollo después de la adolescencia. Esta inmadurez explica por qué los jóvenes son más impulsivos y susceptibles a la presión social. ¿Cómo puede esperarse que tomen decisiones informadas sobre algo tan complejo como la afirmación de género?

Quiero ser muy clara: mi posición no se basa en la discriminación, sino en la protección de los derechos de los niños. Respeto profundamente los derechos de la comunidad LGBTI, sin embargo, cuando se trata de menores de edad, debemos ser especialmente cuidadosos. No se trata de negarles apoyo, sino de asegurarnos de que las decisiones médicas que puedan tener un impacto irreversible en sus vidas sean tomadas con la mayor cautela posible, basada en evidencia científica y no en presiones ideológicas.

La Asociación Americana de Psicología ha destacado que los jóvenes están expuestos a una cantidad abrumadora de información, lo que puede dificultar su capacidad para tomar decisiones saludables y bien fundamentadas. De igual manera, la Academia Americana de Pediatría advierte que es esencial que los menores cuenten con el apoyo adecuado para explorar su identidad, pero subraya la necesidad de intervenciones médicas responsables y basadas en evidencia.

Luis Carlos Leal, reconocido activista de la comunidad LGBTI, parece estar dejando que sus experiencias y creencias influyan en su gestión. Esto es inadmisible en una posición de tal responsabilidad. Leal no tiene la facultad de legislar a través de resoluciones. Esto no solo excede sus funciones, sino que podría constituir un caso de prevaricato. La legislación en temas tan delicados y complejos como la afirmación de género en menores de edad es competencia del Congreso. Insto a nuestros legisladores a actuar de manera responsable, guiados por la ciencia y siempre poniendo el interés superior del menor de edad como base de toda decisión, no cediendo ante los caprichos de los activistas.

Finlandia, Noruega y Suecia ya han comenzado a dar marcha atrás en decisiones similares. Recientemente, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido anunció que dejará de ofrecer bloqueadores hormonales a menores de edad en los casos de transición de género. Después de una revisión exhaustiva, concluyeron que “no hay suficiente evidencia para respaldar la seguridad y eficacia clínica de los bloqueadores de la pubertad para que el tratamiento esté disponible de forma rutinaria en este momento”. Permitir que los niños o adolescentes tomen decisiones sobre intervenciones médicas irreversibles es extremadamente riesgoso. No se trata de negarles apoyo, sino de proteger su derecho a una infancia y adolescencia seguras, donde puedan explorar su identidad sin la presión de tomar decisiones irreversibles.

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