En principio, el propósito es loable si su justificación es avanzar en la profundización de la autonomía territorial y el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales para gestionar su propio desarrollo, intención que motivó a los constituyentes de 1991 al establecer la descentralización.
Mientras los colombianos están expectantes por el agitado trámite de las reformas sociales que insistentemente ha presentado Petro, el Congreso de la República, de manera sigilosa, ha aprobado seis de ocho debates del proyecto de reforma constitucional que busca modificar el porcentaje de recursos que la Nación habrá de transferirse a las entidades territoriales para financiar servicios básicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
En principio, el propósito es loable si su justificación es avanzar en la profundización de la autonomía territorial y el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales para gestionar su propio desarrollo, intención que motivó a los constituyentes de 1991 al establecer la descentralización; voluntad desvirtuada con contra reformas que, simulando un control del gasto, limitó la transferencia de recursos que estancaron el desarrollo de las regiones y, de paso, las puso a mendigar para retener el poder del centralismo presidencial.
Sin embargo, el deseo no es precisamente el fortalecimiento de las instituciones regionales y el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, sino los protervos intereses electorales que motiva a parlamentarios, gobiernos regionales, locales y los clanes familiares que gobiernan esos territorios, por el solo propósito de reelegirse en las próximas elecciones y mantener el poder, para lo cual necesitan mostrar a los electores la recepción de más dineros de libre disposición, así no ocurra, o lleguen amarrados con destinación específica. Eso explica el sigilo y rapidez en su trámite, más cuando la iniciativa nace del extinto partido “En Marcha” del actual Ministro del Interior, o mejor, de la Política.
Ahora bien, tampoco es posible aceptar plenamente el argumento de quienes se oponen a la reforma, al afirmar que ella genera crisis fiscal al crecer el monto de la deuda a cargo del Estado, que hoy representan rentas de destinación específica y vigencias futuras, que lo obligaría a incumplir la regla fiscal (mecanismo que establece límites al gasto público y al endeudamiento del Gobierno Nacional), al bajar la calificación del riesgo por las calificadoras, lo cual genera incrementos en el valor del crédito; circunstancias que limitarían sus políticas electorales de subsidios.
Luego, resulta apenas conveniente que se incrementen los recursos para departamentos y municipios, pero que lleguen con destinaciones específicas para que no se conviertan en otra fuente más de corrupción. E invitar al ciudadano para que ejerza el derecho constitucional del control social, en circunstancias como la actual en la que los entes de control existentes (contralorías departamentales, municipales y personerías) son ineficientes y la Contraloría General de la República es incapaz de controlar la inversión y ejecución de los dineros públicos y la Procuraduría de vigilar la conducta de los funcionarios públicos. De lo contrario, harán fiesta con esos recursos.