La carta enviada al presidente subraya que Colombia incautó el 65 % de la cocaína mundial en 2024 y avanza hacia un récord de extradiciones.
Cada vez se acerca más el plazo para conocer la decisión de la administración de Donald Trump sobre si descertifica o no a Colombia en materia antinarcóticos y cada vez más voces se suman al debate. Esta vez, Gregory W. Meeks, demócrata miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, envió personalmente al presidente una carta en la que pide “salvaguardar la alianza” entre ambos países.
Para Meeks, Colombia ha mostrado avances y resultados en la lucha contra el narcotráfico y debilitar la alianza entre ambos países “pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales la administración ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Además, impulsaría aún más la producción de coca y la actividad criminal”.
El representante destacó que gracias al entrenamiento conjunto, al intercambio de inteligencia y a operaciones de seguridad combinadas, las fuerzas colombianas se han convertido en “las más capaces y profesionales de la región”. Al mismo tiempo recordó los “sacrificios” de la fuerza pública colombiana, como los 13 policías nacionales asesinados mientras participaban en operativos de erradicación de coca en Antioquia.
“Los resultados de Colombia son claros. Solo en 2024, Colombia incautó casi 1.000 toneladas de cocaína, que representaron el 65 % de las incautaciones mundiales de cocaína y el equivalente a 750 millones de dosis letales y US$22.5 mil millones negados a las redes criminales. Lo más importante es que el gobierno colombiano está actualmente en camino de alcanzar un récord de 288 extradiciones de personas condenadas por actividades delictivas y delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos solo en 2025”, afirmó Meeks.
Además, resaltó que la cooperación en seguridad ha permitido a Colombia entrenar fuerzas de otros países de Latinoamérica, con impactos visibles en Ecuador y Haití.
La carta se refiere en el cierre directamente a la descertificación, asegurando que “pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sería un regalo para las organizaciones criminales transnacionales que han causado estragos en el pueblo colombiano, especialmente contra las comunidades afrocolombianas e indígenas que han soportado la peor parte de su violencia”.