El expresidente Álvaro Uribe sustentó de forma oral el recurso de apelación y lanzó fuertes críticas contra la jueza, tras unos comentarios de ella sobre sus hijos. Aseguró que “predominó la política sobre el derecho”.
La jueza 44 penal, Sandra Heredia, condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en acción penal en un fallo de primera instancia.
Durante la audiencia, el exmandatario aprovechó para sustentar el recurso de apelación de forma oral. Cabe recordar que en su momento su defensa dijo que se iba a hacer este procedimiento el 11 de agosto, cinco días hábiles después de la lectura de la sentencia, como lo establece la ley.
La condena otorgada por la juez Heredia incluso supera lo solicitado por la Fiscalía. Cabe recordar que la encargada del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena de 108 meses, equivalentes a nueve años efectivos de prisión.
El duro reclamo de Álvaro Uribe a la juez
En medio de la audiencia hubo un momento tenso cuando la juez Heredia hizo un comentario de los hijos del expresidente. Según ella, “no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando hizo presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita” a través de los medios.
Uribe Vélez, visiblemente molesto, le contestó a Heredia: “Señora juez, protesto enérgicamente. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.
El exmandatario nacional aprovechó para criticar la actuación de la juez, afirmando que “ha predominado la política sobre el derecho”. También lamentó las constantes filtraciones en el proceso penal, que según él afectaron considerablemente el derecho al debido proceso.
Defensa de Uribe Vélez cuestiona la validez de pruebas clave
Entre las principales pruebas avaladas por la juez están las grabaciones que hizo el testigo Juan Guillermo Monsalve (alias Guacharaco) a través de un reloj espía, en donde el abogado del expresidente, Diego Cadena, habría intentado persuadirlo para modificar declaraciones que vinculaban a Uribe Vélez con grupos al margen de la ley.
Jaime Granados, apoderado del líder del Centro Democrático, ha calificado estos audios como “ilegales” y sostuvo en medio del juicio que ese reloj espía ingresó en dos oportunidades de forma clandestina a la prisión.
Para la jueza Sandra Heredia, aunque las grabaciones en estos equipos “no son del todo nítidas (…) son confiables, no fueron adulteradas”, por lo que para ella sí son válidas como prueba. En estos registros se escucha a Cadena conversar con Monsalve y ofrecerle beneficios jurídicos.
De igual forma, Heredia avaló unas interceptaciones que se realizaron en 2018, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelantaba una investigación contra el congresista Nilton Córdoba, pero un “error” en las pesquisas llevó a que las escuchas se le hicieran al teléfono del líder del Centro Democrático.
Estas se hicieron desde el 12 de marzo hasta el 17 de ese mismo mes y para la defensa se trata de pruebas que tampoco serían válidas por la forma como fueron obtenidas.
Para la juez, no obstante, las interceptaciones sí son válidas y legales. “La orden emitida el 7 de marzo cumple con las exigencias legales, máxime que dicha decisión fue debidamente fundamentada por escrito y ejecutada dentro de las 24 horas siguientes a su recepción”, sostuvo Heredia.
Caso Uribe Vélez: Lo que se viene ahora
Por lo pronto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria, pues su condena está dentro del umbral legal establecido por la ley para estos casos.
De igual forma, luego de la apelación, quedan unos dos meses, hasta mediados de octubre, para que el Tribunal Superior de Bogotá tome una decisión de segunda instancia, pues luego de esa fecha el caso puede prescribir.
Esto debido a que el Código Penal establece que los procesos prescriben según la pena máxima establecida para los delitos imputados, que en este caso son soborno en actuación penal y fraude procesal.
Otro aspecto clave es que, si el Tribunal Superior emite un fallo, éste podrá entrar a casación, lo que significa que puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la alta corte entrará a revisar en una última instancia y tendría cinco años para pronunciarse al respecto.