El alcalde designado, Javier Sarmiento, confirmó que suspendía de forma temporal los efectos de los actos administrativos.
Más de 10 exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, quienes en semanas pasadas fueron declarados insubsistentes por el alcalde designado, Javier Sarmiento; y por el secretario del Interior, Reynaldo Rojas, llegaron este martes a la administración municipal.
Los exfuncionarios, que venían trabajando con el exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, y quienes se opusieron a presentar sus cartas de renuncias argumentando Ley de Garantías, recibieron la semana pasada un fallo judicial a su favor, que ordena a la administración suspender los efectos de los actos administrativos.
Justamente este martes en la mañana, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó mediante un comunicado de prensa que suspendía temporalmente esas declaratorias de insubsistencia, pero que no implicaría el regreso de los funcionarios de forma inmediata.
“Es importante precisar que la medida provisional no ordena el reintegro de dichos funcionarios. Por lo cual, la administración seguirá aplicando las decisiones tomadas en ejercicio de sus competencias legales”, dijo la Alcaldía de Bucaramanga.
La decisión judicial del viernes, para los exfuncionarios, significaba un reintegro inmediato, por lo cual llegaron este martes a la Alcaldía de la ciudad para reintegrarse a sus cargos, o de lo contrario podrían incurrir en abandono del mismo.
“Nos presentamos todos los insubsistentes. Nos presentamos debido a que el viernes, en una medida cautelar, se ordenó la suspensión de los actos administrativos que nos habían declarado insubsistentes. La consecuencia jurídica es que, una vez notificada, nosotros deberíamos retornar a nuestros empleos”, afirmó Andrea Paola Mateus, exsecretaria Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga.
‘Revés’ en la Alcaldía de Bucaramanga
La jueza Quinta Administrativa de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano Arenas, amparó los derechos de 16 exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y resolvió suspender de forma temporal los actos administrativos con los cuales fueron apartados de sus cargos.
La decisión de la jueza se dio ante una acción popular instaurada por Andrés Felipe Parra Rivera, en la cual se argumentó que tenía como objetivo proteger los derechos colectivos “a la moralidad administrativa”.
Justamente se pedía declarar medidas cautelares y suspender de forma inmediata cualquier cambio en el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga, hasta que se den las elecciones atípicas que tendrán lugar el próximo 14 de diciembre.
Esta decisión judicial ampara los derechos de los hoy exsecretarios Ana María Vargas (Administrativa), Alix Cecilia Chinchilla Rueda (Educación), Iván Darío Torres (Desarrollo Social), Paola Andrea Mateus Pachón (Jurídica), Stephanía Soto Gómez (Sub-Interior), Liliana Serrano (Sub-Ambiente), Rosemberg Sanabria (Sub-Ambiente), Carlos Javier Méndez (Sub-Infraestructura), Manuel Parada (Asesor), Diego Alonso Reyes (asesor), Neyla Parra (asesora), Jaime Otero (asesor), Wilson díaz (asesor), Diego Rodríguez (dirección de Bomberos), César Cordero (gerente del Invisbu) y Edna Díaz (tesorera).
“La decisión del juez confirma lo que advertimos desde el primer día: estábamos en plena Ley de Garantías y aun así se tomaron decisiones ilegales, apresuradas y sin respeto por la institucionalidad. Hubo funcionarios incapacitados, gente protegida por la ley, y aun así no les importó. Hoy la justicia pone freno a esos abusos y evidencia que la soberbia y el poder mal ejercido generan no solo daños humanos, sino también un eventual daño fiscal que tendrá que ser explicado ante los órganos de control. Yo siempre confié en la justicia, y hoy nos dio la razón”, dijo Ana María Vargas, exsecretaria Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga.