El tribunal de paz deberá decidir si continúa investigando el asesinato del líder conservador. La investigación por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995 en Bogotá, vuelve a estar en el centro del debate judicial.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá revisar si mantiene su competencia sobre el magnicidio o si devuelve el expediente a la Fiscalía General de la Nación, tras la apelación presentada por los familiares del dirigente conservador.
La confesión de las Farc, eje del debate
El 10 de septiembre de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP rechazó un recurso de reposición interpuesto por Enríque Gómez Martínez, María Mercedes Gómez Escobar y Socorro Bohórquez Castañeda, familiares del líder asesinado.
Sin embargo, admitió la apelación, lo que abre la puerta a que la Sección de Apelación del tribunal estudie nuevamente la competencia sobre el caso.
La discusión gira en torno a si la JEP, creada para juzgar a los responsables del conflicto armado, puede seguir conociendo del magnicidio o si la investigación debe quedar exclusivamente en manos de la justicia ordinaria.
En 2020, antiguos miembros del Secretariado de las Farc reconocieron públicamente su participación en el crimen, lo que llevó a que la JEP asumiera la investigación. Según el tribunal, esta confesión es suficiente para justificar su intervención.
No obstante, la familia de Gómez insiste en que la justicia transicional ha limitado el avance de otras líneas de investigación que estaban abiertas en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se exploraban hipótesis que involucraban a agentes estatales, al Cartel del Norte del Valle e incluso a sectores del poder político.
Para los familiares, el traslado del caso a la JEP significó un “freno” de más de cinco años en la búsqueda de la verdad.
¿Qué respondió la JEP?
El tribunal aclaró en su resolución que la declaratoria de competencia no implica que la Fiscalía ni la Comisión de Acusaciones pierdan la facultad de seguir investigando otras hipótesis.
En particular, subrayó que aquellas que involucran a personas ajenas a las Farc pueden y deben avanzar en el sistema ordinario.
“La declaratoria de competencia no se puede interpretar como la renuncia de la Fiscalía General de la Nación a continuar con la investigación, en especial frente a quienes no fueron miebros de las Farc-EP”, señaló la Sala.
El magnicidio de Álvaro Gómez, una de las figuras más influyentes del Partido Conservador y crítico del poder político de su tiempo, ha permanecido sin esclarecer durante casi tres décadas.
Pese a múltiples hipótesis, cambios de fiscales y líneas de investigación, hasta hoy no existe una versión definitiva sobre quién ordenó y ejecutó el crimen.
La decisión de la Sección de Apelación de la JEP será clave para determinar si la investigación sigue bajo la jurisdicción transicional o si vuelve por completo a la justicia ordinaria.