El avance de la vía Zapatoca–Barichara tiene en crisis al casco urbano de Galán: calles agrietadas, viviendas afectadas y riesgo de colapso por el paso constante de maquinaria pesada.
Las calles angostas y de arquitectura tradicional del casco urbano de Galán, municipio de la provincia Comunera, están cediendo ante el paso constante de maquinaria pesada. El avance del proyecto de pavimentación Zapatoca–Galán–Barichara, clave para la conectividad turística y productiva de la región, ha traído consigo un problema colateral: el colapso de la infraestructura urbana de Galán.
La alcaldesa Sofía Medina Serrano declaró en entrevista con Vanguardia que tras un Comité Municipal de Gestión del Riesgo, el municipio elevó una petición urgente a la Gobernación de Santander, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la empresa contratista encargada del proyecto, solicitando la construcción de un paso alterno, una variante provisional, que desvíe el tránsito pesado fuera del centro poblado.
“El deterioro es evidente. Hay tramos con hundimientos, baches y agrietamientos que afectan no solo la movilidad, sino también la seguridad estructural de las viviendas, algunas de las cuales no tienen ni 20 años de construidas”, aseguró la mandataria.
Según cifras entregadas por la alcaldía, por las calles de Galán pueden pasar hasta 33 viajes diarios de volquetas y doble troques cargados con material para el proyecto. Un tránsito que sobrepasa la capacidad de carga de la red vial urbana, diseñada para vehículos livianos.
Los impactos ya se sienten. En al menos un sector del casco urbano, donde se ubican más de 140 viviendas, se ha identificado un hundimiento progresivo que ha comprometido el sistema de alcantarillado antiguo y generado filtraciones hacia las casas. Las vibraciones de la maquinaria también han comenzado a provocar agrietamientos visibles en las paredes de las viviendas, lo que ha generado preocupación entre las familias afectadas.
“El proyecto es necesario para la región, lo entendemos. Pero la afectación que se está generando al municipio puede tener un costo económico y social muy alto. Hay casas con daños que podrían volverse irreparables si no se actúa pronto”, advirtió Medina.
La solución planteada por el municipio consiste en construir un trayecto alterno de aproximadamente 800 metros que permita desviar la carga pesada por fuera del casco urbano. Esta obra requeriría permisos de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y, de acuerdo con la alcaldesa, su gestión corresponde a los entes nacionales y departamentales responsables del proyecto vial.
“El municipio no cuenta con los recursos ni con la competencia para asumir la construcción de esta variante. Es responsabilidad de quienes lideran la obra tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos”, señaló la mandataria.
A los daños en la malla vial se suman los problemas de conectividad con municipios vecinos como Barichara y El Socorro. El carreteable hacia Barichara está parcialmente cerrado en el kilómetro 13, debido al colapso de un viejo box culvert. La comunidad, ante la necesidad de paso, improvisó un puente con vigas de madera, pero este no ofrece garantías de seguridad y podría ceder ante el peso de un vehículo.
“Estamos ante un riesgo inminente de accidente. La gente necesita movilizarse, pero las condiciones actuales son precarias”, expresó Medina.
Por su parte, la vía hacia El Socorro, a través del municipio de El Palmar, ha sido afectada por las lluvias. Las crecientes de la quebrada La Vitoca han vuelto intransitable ese corredor, obligando a los habitantes a buscar rutas más largas y costosas.
La situación en Galán es una radiografía de lo que ocurre cuando grandes obras de infraestructura no contemplan medidas de mitigación desde el diseño. Si bien el proyecto de pavimentación traerá beneficios de largo plazo para el turismo, la movilidad y el comercio intermunicipal, los costos inmediatos están siendo asumidos por un municipio con limitaciones presupuestales y gran fragilidad urbana.
Expertos consultados por Vanguardia advierten que este tipo de impactos debe evaluarse bajo criterios de sostenibilidad territorial. “Las obras viales deben generar desarrollo, no convertirse en un detonante de vulnerabilidad. Las externalidades negativas, como el daño a viviendas o sistemas de servicios públicos, deben ser compensadas y prevenidas con estudios adecuados”, señaló un consultor de infraestructura de la región que pidió no ser citado.
La administración local insiste en que no se oponen al desarrollo del proyecto, pero exigen una respuesta institucional proporcional al impacto que están asumiendo. Mientras tanto, los vecinos de Galán siguen viendo agrietarse sus casas, con el temor de que lo que comenzó como una mejora en la vía termine costándoles su hogar.