Los gobernadores mantienen su postura de no aplicar las medidas del decreto de emergencia económica. Santander es uno de los departamentos que espera la caída de la medida. ¿Cuál es el panorama fiscal para el departamento?
La conversación entre los gobernadores y los ministros de Hacienda e Interior terminó sin un acuerdo sobre la aplicación de la emergencia económica.
Este lunes, 19 de enero, se cumplió el encuentro entre los mandatarios regionales y los ministros Germán Ávila y Armando Benedetti. La reunión tenía como objetivo acercar posturas entre el Gobierno Petro y los gobernadores, quienes se niegan a la aplicación de algunas medidas que contiene el decreto.
Los puntos más sensibles tienen que ver con el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA a los licores y cigarrillos.
Santander es uno de los departamentos que sentó su postura de no aplicar esas determinaciones a la espera de la decisión de la Corte Constitucional.
El mandatario seccional, Juvenal Díaz Mateus, expuso ante el Gobierno Nacional los diferentes retos en materia fiscal que están enfrentando los departamentos: disminución en los ingresos por regalías y el incremento del salario mínimo, entre otros factores.
“Manifesté al Gobierno Nacional los problemas que estamos teniendo los departamentos con el presupuesto porque las regalías se bajaron considerablemente”, explicó el gobernador de los santandereanos.
En el caso de los giros por regalías, Díaz Mateus señaló que el departamento tendría una reducción de $200.000 millones.
Entre tanto, el incremento del salario mínimo generaría una afectación para el departamento superior a los $15.000 millones. Lo anterior, sin contar los proyectos en curso que se verán afectados.
Otra de las afectaciones para la ‘caja’ del departamento fue asumir un pago de $13.000 millones con ingresos corrientes de libre destinación. Lo anterior, luego de que el Ministerio de Salud publicó una resolución que cambia la forma de pago de esas obligaciones. Ese monto se solía cubrir con recursos del Sistema General de Participaciones, SGP.
“En el presupuesto del 2026 quedó el pago de esos $13.000 millones, lógicamente en detrimento de inversión en el arreglo de vías, en placa huellas, en arreglo de colegios”, dijo el gobernador Díaz Mateus.
Cabe recordar que los ingresos corrientes de libre destinación son los más ‘atractivos’ para un ente territorial, debido a que pueden usarse de forma autónoma para necesidades de funcionamiento o proyectos, sin restricciones específicas.
Como conclusiones del encuentro, el mandatario de los santandereanos aseguró que se llevará a cabo una mesa técnica para evaluar la aplicación del decreto y revisar las preocupaciones de los gobernadores.
Asimismo, habría un seguimiento con el Ministerio de Hacienda del recaudo para ver cómo pueden afectar esas determinaciones a los departamentos.
En últimas, la expectativa de los mandatarios regionales es la decisión de la Corte Constitucional, a la que los gobernadores pedirán la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
Departamentos mantienen su postura
La Federación Nacional de Departamentos, FND, emitió un pronunciamiento en el que advierte que se mantiene la postura de la no aplicación de ese paquete de medidas por los perjuicios que traería para los presupuestos departamentales.
“Mantenemos nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y, por tanto, defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”, señala el comunicado de la FND.
En ese sentido, confirmaron que desde esa entidad le pedirán a la Corte Constitucional “una medida de protección de suspensión provisional de la implementación” del decreto de emergencia económica.
Esa solicitud cobijaría el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.
¿Qué implicaciones traería para las finanzas de Santander?
Mediante el impuesto al consumo, Santander recaudó cerca de $407.000 millones durante 2025. Al revisar los números, sin contar la cerveza, el departamento obtuvo $190.821 millones, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Además, el otro problema del decreto de emergencia es el artículo que le pone ´techo’ a los ingresos por concepto de Impuesto al Consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
En ese sentido, se tendrá en cuenta el recaudo mensual por este impuesto en 2025 que tuvo cada departamento y solo podrá crecer hasta un 5,10 %, que es el valor del Índice de Precios al Consumidor, IPC.
Para aterrizar esta situación, vale la pena ver el caso de Santander. En enero de 2025, el departamento percibió $20.267 millones por este impuesto. En enero de 2026, el departamento solo podría recibir hasta $21.301 millones. Es decir, la Nación solo le permitiría un crecimiento de $1.033 millones para ese mes en el recaudo de este impuesto frente al mismo periodo de 2025.
Todo el recaudo que supere ese valor tendría que ser girado a la Nación, según establece el artículo en mención del decreto de emergencia.
Una de las inquietudes que planteó el gobernador Díaz Mateus ante el Gobierno Nacional era qué iba a pasar si por efectos del decreto de emergencia, el consumo caía y el recaudo no llegaba a los niveles del año anterior.
De acuerdo con lo señalado por el ministro Benedetti, habría posibilidades de una compensación para los departamentos en caso de que se presentara esa situación.
En ese sentido, si en 2025 el departamento obtuvo $190.821 millones en este impuesto, el techo que Santander podría recaudar en 2026 sería de $200.553 millones.
Es decir, así el departamento logre mejores resultados contra delitos como el contrabando, sólo podría crecer $9.731 millones en este impuesto al consumo de licores.