Tres años después del paro campesino que bloqueó la vía San Gil–Cabrera y encendió las alertas por el represamiento de basuras, las comunidades aseguran que el acuerdo firmado en enero de 2023 sigue sin traducirse en la obra clave: pavimento.
“Lo único que nos cumplieron fue el cierre de Yuyu”, resume María Clemencia Viviescas, una de las cabreranas que estuvo en el punto de protesta, trasnochó, cocinó y acompañó a sus vecinos durante la jornada de enero de 2023. Para ella, el balance es amargo: se firmó un acuerdo, pero la intervención de fondo, la pavimentación del corredor, continúa siendo una promesa repetida.
La movilización campesina se instaló durante la última semana de enero de 2023 sobre la vía que conecta a San Gil con Cabrera. En esos días el tránsito quedó restringido y, con el paso de las horas, el cierre impactó una cadena sensible: la disposición de residuos que llegan a rellenos sanitarios ubicados en el corredor. Autoridades y comunidades advirtieron entonces el riesgo sanitario por el represamiento de basuras en municipios que dependen de ese acceso.
El acuerdo se firmó el 28 de enero, después de una extensa mesa de diálogo entre autoridades municipales y departamentales y voceros comunitarios. Sobre el papel quedó una ruta de trabajo que debía combinar controles, mantenimientos y pasos administrativos para destrabar el viejo sueño de la región: que el pavimento deje de ser un anuncio y se convierta en obra.
La protesta se realizó entre el 20 de enero y el 28 de enero de 2023, tiempo en que el trayecto vial estuvo cerrado.
Una de las particularidades de la vía San Gil–Cabrera es su papel como acceso a infraestructura de disposición de residuos. Por allí transitan, a diario, camiones compactadores y vehículos asociados a la operación de rellenos sanitarios en la zona. Para varias veredas, esa dinámica no solo deteriora la carpeta vial: también mantiene viva la sensación de que la comunidad ha cargado durante años con los costos, polvo, ruido, tránsito pesado, impactos ambientales, sin recibir a cambio la inversión prometida.
“Las basuras siguen igual, los compactadores pasan en todo momento y los rellenos igual”, dice José Núñez, habitante de la vereda Ojo de Agua. Reconoce que algunos tramos, especialmente desde San Gil hasta la entrada de los rellenos, se mantienen en mejor estado, pero insiste en que el problema de fondo no se resuelve con parches.
“Como ya no están las volquetas que estaban trabajando en la construcción de la Variante de San Gil, los arreglos duran más”, agrega Núñez, al explicar por qué los mantenimientos se sienten insuficientes frente al uso intenso del corredor.
El desánimo en la comunidad es evidente. Habitantes de veredas como El Cucharo, Ojo de Agua y Volador, en jurisdicción de San Gil, y pobladores de Cabrera aseguran que, pese a reuniones, anuncios y diagnósticos, el avance “visible” en la vía es mínimo. En su lectura, el tema se convirtió en bandera de campaña: vuelve a aparecer con cada temporada electoral, pero se diluye cuando pasan las elecciones.
Héctor Triana lo dice sin rodeos: se siente decepcionado. Asegura que el acuerdo de 2023 dejó expectativas altas y que hoy, tres años después, el saldo es similar al de otras épocas: promesas, visitas, videos, y luego silencio. “Lo mismo de siempre”, remata.
En el relato de Viviescas, el único punto que la comunidad percibe como cumplido es el cierre de un establecimiento conocido como Yuyu, mencionado por habitantes como un foco de intranquilidad en la zona rural. Para evitar versiones cruzadas, la comunidad pide que cualquier medida de control se comunique con claridad: qué autoridad intervino, bajo qué procedimiento y con qué resultados.
Muchos estudios, poco pavimento
El corredor, de cerca de 21 kilómetros, según estimaciones locales, arrastra una historia de diagnósticos. En 2023, tras el paro, desde la administración departamental se habló de avanzar en estudios y diseños como paso previo a la pavimentación de los tramos pendientes.
En marzo de 2025, Carlos Bautista(s), alcalde de Cabrera y vocero comunitario durante la mesa de diálogo, explicó que, tras ajustes, se contaba con un proyecto estructurado en fase 3 por alrededor de $33.000 millones en el ente departamental, con costos estimados entre $3.200 millones y $3.500 millones por kilómetro (sin incluir interventoría), de acuerdo con lo expuesto en ese momento.
Sin embargo, para Viviescas el cuello de botella no está en los documentos sino en la voluntad política y financiera para ejecutar. Asegura que, según indagaciones de veeduría ciudadana, el trayecto ya suma más de una decena de estudios en su historia sin que eso se traduzca en pavimento sostenido, y subraya que Cabrera sigue padeciendo una conectividad limitada con la capital provincial.
Mientras tanto, la exigencia de las comunidades se mantiene: que el acuerdo deje de ser un acta y se convierta en cronograma público, recursos asegurados y obra verificable. Porque el tiempo pasa, la vía se deteriora, y la promesa, como el polvo que levanta el tránsito pesado, vuelve a caer sobre las mismas familias.