La Defensoría del Pueblo alertó por situaciones que ponen en riesgo la salud e integridad de la niñez y adolescencia del Programa de Alimentación Escolar. Inclusive, la iniciativa permanece suspendida en Amazonas, Cesar, Córdoba y Guaviare.

En desarrollo de visitas a varias regiones del país, la Defensoría del Pueblo alertó por las irregularidades que se siguen presentando alrededor de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) destinados para niños y jóvenes de Colombia. Según la entidad, durante las visitas hubo denuncias de pelos en la alimentación, falta de agua potable y hasta excrementos en las zonas de preparación y manipulación de los alimentos.

Quienes formularon los reparos fueron los mismos niños y adolescentes, quienes fueron escuchados por funcionarios de la entidad como beneficiarios directos y dieron su percepción frente a la calidad de la prestación del programa.

Las visitas se efectuaron en 118 instituciones educativas en Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre.

Allí expresaron sus preocupaciones alrededor de 1.400 niñas, niños y adolescentes beneficiarios del PAE. A ello se sumaron entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de las instituciones, operadores y funcionarios de secretarías de Educación y Salud. Se trata de actores claves para su implementación.

En Norte de Santander y Guaviare, por ejemplo, los jóvenes reportaron que les salían pelos en el complemento alimentario. También alegaron que hay pocas cucharas, “lo que las obliga a utilizarlas a lo largo de una jornada varias veces, recibiéndolas, en algunas ocasiones, en condiciones de aseo y desinfección deficientes”, dijo la Defensoría.

Por otro lado, en Chocó y Boyacá fue identificada la falta de agua potable, mientras que en Atlántico se encendieron las alertas por el hallazgo de excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento, situaciones que ponen en riesgo la salud e integridad de los beneficiarios.

Inclusive, en Soacha y Pasto se llamó la atención porque las instalaciones en las que se desarrolla el PAE son precarias, pues persisten filtraciones de agua, “las cuales generan un riesgo para las personas que transitan, y el espacio del comedor es insuficiente”. En Magangué (Bolívar) y Tunja y Coper (Boyacá) se identificó que el menaje y los utensilios de aseo son insuficientes, lo cual redunda en que los espacios estén en condiciones deficientes de aseo.

Adicionalmente, se llamó la atención por situaciones como la ocurrida en Córdoba, donde se alertó que el PAE a cargo de la Gobernación se suspendió desde el 30 de mayo del 2023, afectando a 156.690 estudiantes. Además, en otras entidades territoriales certificadas, como Amazonas, Cesar y Guaviare, el Programa presenta alerta de suspensión.

“En términos generales, evidenciamos un promedio de cumplimiento del 69,5% en el componente de calidad e inocuidad. Sin embargo, instamos a las entidades territoriales certificadas para que, en el desarrollo de sus funciones para la correcta y efectiva prestación del Programa de Alimentación Escolar, realicen el debido seguimiento a la operación en los territorios”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Por cuenta de las irregularidades identificadas, la entidad activó 19 rutas defensoriales, con las que ha venido haciendo requerimientos y coadyuvancias de acciones judiciales. Así mismo, invitó a los operadores para que le den el cumplimiento completo y oportuno a la operación del PAE, especialmente, en la constitución de los menús y ciclos de menú para que sean elaborados teniendo en cuenta los usos y costumbres de los diferentes territorios, con el fin de evitar el desperdicio de los alimentos.

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