El director político de la Liga de Gobernante Anticorrupción, Camilo Larios, afirmó en rueda de prensa que pese a la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, la colectividad no cambiará de aspirante.
Con una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con un recurso más ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, la defensa de Rodolfo Hernández intenta revertir la decisión del órgano electoral que le revocó la candidatura a la Gobernación de Santander.
El director político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Camilo Larios, se refirió en una rueda de prensa a la posibilidad que tiene la colectividad para cambiar a Rodolfo Hernández como candidato, toda vez que, según el CNE, no tiene cabida en la contienda electoral del próximo 29 de octubre.
«Queremos manifestarle a los santandereanos que el partido no tiene a ningún otro candidato a la Gobernación de Santander. Retirar la candidatura de Rodolfo Hernández sería arrodillarnos a la Procuraduría General», afirmó Camilo Larios.
Hasta hoy viernes, 29 de septiembre, la Liga de Gobernantes tendría plazo para realizar el cambio de candidato, pero según dicen desde la tolda rodolfista, no lo harán esperando que Rodolfo Hernández sí pueda aspirar a la administración departamental.
La tutela
Horas después de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, y dos conjueces resolvieran revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, tal y como lo pidió la Procuraduría, la defensa del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción interpuso una acción de tutela.
El documento pide, entre otras cosas, que la decisión del órgano electoral quede sin efecto, al igual que la de la Procuraduría que se subió al Siri, donde confirmó que debido a sus tres sanciones quedaba inhabilitado para aspirar a la Gobernación de Santander.
La tutela interpuesta por el abogado asegura que al excandidato presidencial se le vulneraron sus derechos políticos «a partir del quebranto del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), ante la falta de aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado».
«La Corte Constitucional ha reconocido el carácter vinculante del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y ha definido que las restricciones, limitaciones o suspensiones del ejercicio de los derechos políticos solo son posibles si ellas son establecidas en una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal y, eventualmente, dada las características del sistema judicial colombiano, incluso si es por decisión de la jurisdicción contencioso administrativo, pero no de un órgano que no es parte de la Rama Judicial», afirma la tutela.
Con esta acción judicial, Rodolfo Hernández busca que se anule la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, basándose en la sentencia de la Cidh que falló a favor del hoy presidente Gustavo Petro, a quien la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo por una falta disciplinaria.