La decisión del alto tribunal modifica el alcance del tributo, extendiéndolo a más sectores del comercio.
La Corte Constitucional modificó las condiciones del impuesto aplicado a los importadores de plásticos de un solo uso, contemplado en la reforma tributaria de 2022. La decisión es clave para la regulación ambiental y tributaria del país.
El alto tribunal declaró inconstitucional la restricción que limitaba este gravamen solo a quienes importaban estos productos para su “consumo propio”.
Según la Corte, esta distinción carecía de una justificación válida, ya que el impacto ambiental del plástico de un solo uso no depende de su destino final, sino de su propia naturaleza contaminante. Por esta razón, el impuesto ahora deberá aplicarse a todos los importadores, sin excepciones.
Además, la Corte argumentó que la norma original generaba un efecto “infra-inclusivo”, al focalizar el tributo en un grupo reducido de importadores y dejar por fuera a quienes comercializan estos productos en el país. Como solución, se decidió eliminar la expresión “para consumo propio” del artículo 51 de la ley, garantizando que todas las operaciones de importación de plásticos de un solo uso utilizados en envases, embalajes o empaques sean gravadas.
Por otro lado, el alto tribunal rechazó el argumento de los demandantes que cuestionaba la aplicación del impuesto a los exportadores de estos plásticos. La Corte subrayó que esta actividad también genera externalidades ambientales negativas reconocidas en el ámbito internacional, por lo que la imposición del tributo resulta justificada.
Con esta decisión, la Corte Constitucional refuerza la política tributaria ambiental y elimina vacíos legales que limitaban la efectividad del impuesto, asegurando un tratamiento más equitativo para todos los importadores de plásticos de un solo uso.