La Comisión Cuarta del Senado aprobó la reforma laboral en tercer debate. El documento pasará a la plenaria de la corporación.
Pese a que la Comisión Cuarta del Senado ya aprobó la reforma laboral en tercer debate y ahora pasará a la plenaria de la corporación, el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, insisten en convocar a una consulta popular incluso por decreto.
El anuncio de la Casa de Nariño no cayó bien en los diferentes sectores toda vez que, por ejemplo, desde el Congreso de la República aseguran que decretar la convocatoria sería proporcional a un golpe de Estado o a una violación a la independencia de poderes.
El mandatario nacional, por ejemplo, se ampara en el argumento de que el Legislativo no votó la convocatoria a este mecanismo popular que es permitido por la Constitución Política de 1991.
“En este momento existe el derecho a la consulta popular. Al provocar un vicio de forma: no leer antes de la votación, mi solicitud de concepto previo, y el texto de las preguntas presentadas al Senado, ordenada por la Ley Quinta, del reglamento del Congreso, hoy no existe concepto previo. El vicio de forma sería corregible, fácilmente, repitiendo la votación en el Senado, cumpliendo las formalidades de la Ley Quinta; así lo hemos solicitado formalmente como Gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió, abusivamente, su votación”, afirmó el jefe de Estado.
Para el Gobierno Nacional, el Legislativo vició la consulta popular al no darle trámite como primer punto del orden del día en la jornada de votación, poniendo como prioridad la votación de la apelación de la reforma laboral, que presentó el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) y fue aprobada por la corporación. Adicionalmente, señalan que hubo congresistas a los que no se les permitió votar.
Bajo esos argumentos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también ha dicho en las últimas horas que el Gobierno estaría facultado para convocar a la consulta popular vía decreto, hecho que ha sido cuestionado por diferentes sectores.
“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su Artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado», afirmó Benedetti.
¿Es viable que el Gobierno convoque la consulta popular vía decreto?
Un nuevo cruce de versiones se dio entre el Gobierno Nacional y el presidente del Senado, por la consulta popular que el presidente Gustavo Petro le pidió al Legislativo aprobar para así poder darle viabilidad a las reformas laboral y de salud que están ‘estancadas’ en el mismo Congreso de la República.
Este anuncio del jefe de la cartera política no cayó nada bien en el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda. A través de sus redes sociales, afirmó que si el Gobierno convoca con decreto, acudirá a instancias judiciales. Además: Habla representante Mary Anne Perdomo tras proceso en la Corte Suprema por tres delitos: “Es persecución política”
“Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, afirmó Efraín Cepeda, quien cuestionó la vulneración de la independencia de poderes.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, pareció desechar de tajo la tesis del Gobierno. “Siempre se procura en estos casos buscar alternativas imaginativas, digo yo, pero el Estado de derecho señala causas constitucionales absolutamente claras. Lo que no puede hacerse vía ley, no puede adoptarse vía decreto”.
En esa línea, el director del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que la maniobra del Gobierno es “una clara violación de la Constitución del 91 y un paso inequívoco hacia el rompimiento del Estado de Derecho”. La postura del dirigente es que solo una autoridad judicial puede declarar la supuesta ilegalidad del procedimiento, mas no el Ejecutivo. Además: Alcaldía de Bucaramanga defiende empréstito para dos obras de infraestructura vial
En ello coincidió el Partido Conservador, que llamó la atención por “una clara usurpación” de las competencias del poder judicial y de la separación de poderes.
“Resulta contradictorio y revelador que el Gobierno, al tiempo que presentó una nueva solicitud de consulta, reconociendo implícitamente la derrota de su propuesta inicial, ahora insista en estos argumentos”, declararon.
Inclusive, el Partido de La U alertó que expedir un decreto convocando la consulta popular sería una “actuación abiertamente ilegal, que podría configurar en un prevaricato por acción”.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) fue más allá y dijo que trabajan en una acción de nulidad total sobre la consulta. “Esta es una consulta, no un proyecto de ley (…) Esto es una invención del ministro del Interior que atacaremos por vías legales”, afirmó.
La discusión alrededor del mecanismo promete subir de tono de acá al domingo, cuando se cumplirá el ultimátum dado por el Gobierno. Parece un hecho que el presidente usará las concentraciones de este miércoles y jueves para darle gasolina a su discurso. ¿Prosperará una consulta por decreto pese a las alertas?