Mientras el Consejo Nacional Electoral se prepara para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro, el jefe de Estado se despacha en contra de varios de los magistrados de este tribunal.
La decisión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, de abrir una investigación formal en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, no cayó nada bien en el sector de izquierda, tanto así que el mismo jefe de Estado ha decidido irse lanza en ristre en contra de los magistrados de este tribunal.
El mandatario de los colombianos ha cuestionado a los magistrados que votaron a favor de la ponencia que formula pliego de cargos en contra de su campaña y de él mismo como candidato presidencial y no directamente como jefe de Estado.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), César Lorduy (Cambio Radical) y Maritza Martínez (Partido de la ‘U’) han sido quienes han recibido los comentarios en contra del jefe de Estado. Pero la única que se ha pronunciado y ha rechazado los calificativos ha sido la magistrada Martínez, quien hasta hace una semana fue presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro la señalara de ser la esposa de un “paramilitar”. “La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta”.
Tras los señalamientos, la magistrada, que también fue representante a la Cámara cuando Gustavo Petro era senador, afirmó que el jefe de Estado había iniciado una campaña de desprestigio en contra de ella luego de que votara positiva la ponencia de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
“Como resultado del cumplimiento de las funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral y por las decisiones que ha tomado la corporación en los últimos días, el señor Presidente ha iniciado una campaña de desprestigio que lesionan gravemente mi buen nombre, honra y reputación como la de mi conyugue. Las sugestivas, imprecisas y falsas acusaciones, de las que hacen eco los subalternos y seguidores del jefe de Estado dejan expuesta la seguridad y la integridad física mía y de mi familia”, afirmó Maritza Martínez.
Gustavo Petro advierte: “si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”
“Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”, esa fue la polémica frase que lanzó el presidente Gustavo Petro este miércoles en medio de una rueda de prensa con medio comunitarios, luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera abriera investigación a su campaña presidencial por la presunta violación de topes electorales, en más de $5.000 millones.
En medio de su intervención, el mandatario de los colombianos afirmó que deberían darse reuniones en diferentes ciudades del país para discutir lo que puede pasar en este órgano electoral, que únicamente podría investigarlo con un carácter administrativo y no penal ni judicial.
“Yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas, en municipios cerrados, para discutir y articularnos una asamblea nacional popular, que se creó hace un mes más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia, esa asamblea dirigirá la movilización nacional”, afirmó.
Justamente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y Fecode anunciaron movilizaciones a nivel nacional para respaldar al jefe de Estado y su proyecto político. El mandatario de los colombianos exigió a la Fuerza Pública no levantar armas en contra de la población civil.
La ponencia formula pliego de cargos en contra de Gustavo Petro Urrego, como candidato; Ricardo Roa Barragán, entonces gerente; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez como auditores; además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
“En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de tres mil millones ($3.709.361.342), con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican”, afirmó el Consejo Nacional Electoral.
Para el órgano electoral, la contienda omitió el reporte de financiación hecho por Fecode, de $500 millones. Además, tampoco se registró el aporte del Polo Democrático, por ese mismo valor. Tampoco se habría reportado el pago de $900 millones para los testigos electorales, $350 millones en propaganda electoral, $202 millones que llegaron desde la campaña al Senado por el Pacto Histórico.
En las cuentas de los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se alertó también que no se registró los gastos de campaña relacionados con los servicios de transporte aéreo que ascendió a $1.249.793.230. El aporte financiero de la Unión Sindical Obrera, USO, por $121.544.00 tampoco se registró.
“Para la segunda vuelta, se les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por la suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos ($1.646.386.773), con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican”, afirmó el órgano electoral respecto a la segunda vuelta.