La inminente liquidación del primer Ente Gestor de un sistema de transporte en el país obedece a que Estaciones Metrolínea rechazó la propuesta de Metrolínea S.A., lo que hace insostenible a la empresa.

La situación del Ente Gestor Metrolínea S.A. tocó fondo, es insostenible y por ello se iniciaría el proceso de su liquidación. Esto se dio luego de que Estaciones Metrolínea, el mayor acreedor del ente gestor, rechazó la propuesta de bajar una deuda de más de $430.000 millones a tan solo $15.300.

En reiteradas ocasiones el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez; el abogado asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, Rafael Vanegas Herrera; y hasta el propio gerente de Metrolínea, Jhair Andrés Manrique Bautista, señalaron que si Estaciones Metrolínea rechazaba la oferta el camino a seguir era la liquidación porque sería inviable el sostenimiento de la empresa, debido a que cualquier recurso que llegara a la entidad sería embargado para el pago de las acreencias.

Todo el embrollo en el que está metido Metrolínea inició en febrero de 2016, cuando un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga condenó al ente gestor a pagarle a Estaciones Metrolínea un poco más de $144.000 millones porque no se cumplió con la construcción del Portal de ‘Papi quiero piña’ conocido como ‘PQP’.

Metrolínea S.A. otorgó la construcción de ‘PQP’ bajo la modalidad de concesión a Estaciones Metrolínea. Las obras se iniciaron y se giraron recursos sobre los avances. Sin embargo, una acción popular interpuesta por la comunidad de Ciudadela Comfenalco, el conjunto aledaño al lote de ‘PQP’ frenó las obras. Ante la imposiblidad de continuarlas, Estaciones inició el litigio en el Tribunal de Arbitramento, con el propósito de recuperar la inversión que había hecho y además que se le reconociera la expectativa económica que se le había generado y que dejaría de percibir por cuenta de la suspensión del proyecto.

En febrero de 2016 el Tribunal emitió el fallo en el que condenó a Metrolínea a pagar la millonaria suma de dinero. Pero el Ente Gestor nunca tuvo los recursos para pagar esa deuda ni otras tantas de fallos judiciales, lo que acumuló intereses con el pasar de los años a tal punto que hoy las acreencias superan los $508.000 millones incluidos los intereses.

Con la llegada del nuevo Alcalde de Bucaramanga y la nueva gerencia de Metrolínea, se intentó renegociar la deuda, pero el pasado viernes 7 de junio Estaciones dijo que el ofrecimiento no era suficiente y por tanto lo rechazó. Sin embargo, dejó abierta la puerta para hacer nuevos acuerdos de pago, algo que la Alcaldía no contempló desde el inicio.

El abogado asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, Rafael Vanegas Herrera, indicó que el ofrecimiento de $15.300 millones se hizo bajo unos alcances financieros y técnicos aterrizados y medidos, por lo que “no podíamos prometer algo que no se podía cumplir”.

El abogado Vanegas Herrera explicó que la negociación se hizo bajo el cumplimiento de las exigencias del Gobierno Nacional, entre las que estaba un saneamiento financiero del Ente Gestor para el apoyo con recursos.

“Lo que intentó hacer el Alcalde de Bucaramanga fue cumplir con esas exigencias y ojalá el Gobierno Nacional valore los mecanismos que se adoptaron para salvar el Sistema”, dijo el abogado.
En ese sentido, continuó el abogado, lo que procede es iniciar con la estructuración del proyecto de acuerdo para la liquidación. Este proceso, según comentó Vanegas Herrera, podría ir acompañado de un régimen de transición en el que mientras se da la liquidación de Metrolínea S.A. se avance con la constitución de un nuevo Ente Gestor. Agregó que a la par se debe garantizar la prestación del servicio de la mejor manera posible.

Ahora vienen unos análisis jurídicos sobre el proceso de liquidación, estructurar el proyecto de acuerdo para que el Concejo autorice al Alcalde a hacerlo, definir si ese proyecto debe ir a los demás municipios o no, y nombrar un liquidador que debe ser experto en el tema”, subrayó Vanegas Herrera.

Frente a los 41 empleados de Metrolínea, el abogado dijo que la liquidación implicaría la salida de todos y se pensaría en cómo podrían entrar en el nuevo Ente Gestor.

En cuanto al pago de las acreencias, el abogado fue claro en decir que se pagarían “con lo poco que haya” y el primer orden de pago son las deudas laborales. “Se debe mirar cómo cumplirles a los abogados”. Y en cuanto a una demanda de los acreedores contra el municipio de Bucaramanga, afirmó que lo pueden hacer pero “las probabilidades de éxito son muy bajas”.

Respecto a esta situación el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, planteó que se debe buscar la forma de capitalizar el Sistema para garantizar la prestación del servicio y propuso que se abran más rutas, en las que puedan incluirse como conductores a los que prestan el servicio de transporte informal.

Por su parte, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, dijo que el Gobierno Nacional debe aportar a la sostenibilidad del Sistema porque los municipios no tienen recursos.

Por ahora el servicio de transporte masivo se sigue prestando para tranquilidad de los usuarios y de quienes tienen recargadas sus tarjetas.Por ahora el servicio de transporte masivo se sigue prestando para tranquilidad de los usuarios y de quienes tienen recargadas sus tarjetas.

Los empleados piden ser escuchados

Luz Marina Peña Quitián, representante de los empleados de Metrolínea, dijo que el rechazo de Estaciones Metrolínea fue “un golpe duro” porque se puso en juego el sustento de 41 familias y señaló que tomarán acciones para buscar una salida.

“Nuestro camino es buscar la sustitución patronal a través de la Alcaldía de Bucaramanga, que es el accionista mayoritario y el que llevaría el acuerdo de liquidación al Concejo. Buscaremos que en ese proyecto que presente el Alcalde quede un artículo que hable sobre la sustitución patronal”, insistió la vocera.

Además de la preocupación por el futuro de sus compañeros, Peña Quitián señaló que hay incertidumbre frente a las condiciones laborales, porque a la fecha no les han pagado el salario de mayo, les deben prestaciones sociales, hay trabajadores con dos y tres períodos de vacaciones y no se les ha dado dotación a algunos trabajadores. “Tenemos unas prestaciones estancadas y nos preocupa cómo nos van a pagar. Vamos a radicar un pliego de peticiones al Alcalde junto con un derecho de petición para que iniciemos diálogos y se nos tenga en cuenta en este proceso”, precisó Peña Quitián.

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