La comunidad santandereana exige que está vez lleguemos a mucho más que simples promesas, pues el departamento ha sido testigo, una y otra vez, de compromisos que no se cumplen. Sin embargo, la comunidad santandereana exige que está vez lleguemos a mucho más que simples promesas.
El reciente anuncio del gobierno nacional de invertir 2,4 billones de pesos en el corredor vial Bucaramanga-Zipaquirá representa una noticia trascendental para Santander, aunque por décadas la región ha esperado que la misma promesa de mejoras en esta vía se cumpla, y que esos compromisos no se queden solamente en el papel, por lo que este nuevo proyecto, presentado como “Vías de los Comuneros”, despierta un justificado escepticismo en una población que ha visto muchos proyectos críticos quedarse en el olvido.
El programa “Vías de los Comuneros” promete mejorar sitios neurálgicos del trayecto entre Bucaramanga y Bogotá, con obras tan necesarias como los carriles de avance entre Los Curos y Chiquinquirá, las variantes de San Gil y El Socorro, o la construcción de dos intercambiadores en el área metropolitana, en Malpaso y El Buey, todos estos proyectos que, de concretarse, mejorarían significativamente la movilidad y la seguridad en este corredor, reducirían los tiempos de desplazamiento y evitarían el paso de vehículos de carga pesada por los cascos urbanos, además de que aportarían mejoras necesarias en infraestructura, puentes peatonales y atención a puntos críticos.
Sin embargo, la comunidad santandereana exige que está vez lleguemos a mucho más que simples promesas, pues el departamento ha sido testigo, una y otra vez, de compromisos que no se cumplen. Los recursos que se destinan suelen quedarse en una planificación sin ejecución y, al final, los beneficiarios de la vía quedan atrapados en una situación que no coincide con sus necesidades, ni con los flujos de transporte del momento real en que se ejecutan las obras, lo que afecta la movilidad y el desarrollo económico y social de la región.
El esquema propuesto para la financiación, basado en el recaudo de los peajes en Los Curos, Curití y Oiba, ofrece una fórmula viable, similar al modelo de “Vías de la Cigarra”, sin embargo, esta fuente de financiación no puede ser excusa para retrasar el inicio de las obras, por lo que se requiere que Invías y el Ministerio de Transporte aseguren la disposición de los recursos y la correcta asignación y ejecución de los mismos, con un cronograma claro y compromisos de cumplimiento.
La expectativa, por ahora, es que el convenio se firme en diciembre, y que las obras comiencen en 2026, pero los santandereanos saben que los retrasos en la estructuración técnica y financiera podrían burlar estos plazos, por lo que la ciudadanía exige garantías de que esta vez sí se cumplan los tiempos. La Gobernación de Santander y las autoridades locales deben mantener una vigilancia constante, asegurándose de que cada peso se traduzca en avances tangibles en la obra.
Es momento de que las autoridades demuestren su compromiso con la región, y que las obras no se queden en anuncios, sino que se conviertan en un beneficio real para todos. La inversión en la vía Bucaramanga – Zipaquirá debe pasar de ser un embeleco demagógico a una obra concreta que Santander pueda disfrutar y aprovechar en hechos claros de desarrollo económico y social.