Lo que debería ser un debate técnico y ambiental terminó convertido en una disputa política y social. El Páramo de Santurbán, de donde depende el agua de millones de habitantes, está atrapado entre intereses. Ayer ocurrió el último capítulo.
El Páramo de Santurbán, un ecosistema con una gran biodiversidad que suministra agua para más de dos millones de personas, divide a la región en dos bandos. Ambos argumentan ser protectores del agua, la flora y la fauna, pero cada uno defiende lo que considera son sus intereses legítimos sobre este complejo montañoso andino. La pregunta es por qué un tema ambiental, que debería unir, terminó polarizando a los santandereanos. Aunque las 10 millones de onzas de oro enterradas en el área de influencia (unas 77 toneladas de metal) podrían ser una explicación, la respuesta estaría en la manera en que desde la política se ha manejado el tema ambiental.
La última expresión de esta radical división ocurrió ayer, cuando los grupos con interés en el Páramo de Santurbán, el agua y el oro nuevamente fueron protagonistas de noticias. Por un lado, un grupo de mineros de Soto Norte realizó un plantón en la vía de ingreso a California entre las seis de la mañana y el mediodía. Inmediatamente, el otro bando, con el Presidente de Colombia a bordo, reaccionó con sus argumentos en redes sociales.
El ‘florero de Llorente’ en este caso fue el anuncio del Servicio Geológico Colombiano que informaba el inicio de un estudio en la zona sobre el ciclo del agua y los materiales radiactivos de origen natural en Soto Norte, así como su relación con la población y el ambiente. La visita de los expertos debía comenzar el pasado lunes y se extendería hasta el 19 de octubre próximo. Durante el desarrollo de las actividades, se requiere la instalación de colectores de agua lluvia a diferentes alturas de la cordillera y otros elementos, como lo informó Jimmy Muñoz Roca, director técnico de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, en una carta.
Las dos posiciones del Páramo de Santurbán
El Comité de Mineros de California, mediante reunión del pasado lunes 22 de septiembre, acordó, que “no se acepta realizar ninguna socialización, ni ninguna continuidad al ejercicio científico” del Servicio Geológico Colombiano en el territorio de Soto Norte.
Los mineros argumentan que “los anteriores estudios realizados en California fueron utilizados para la elaboración de un soporte técnico con el cual (el Ministerio de Ambiente) emitió una zona de reserva temporal en nuestro territorio, lo cual nos ha dejado en la zozobra y la incertidumbre en los procesos de formalización de la pequeña minería”.
En tal sentido, la comunidad de California afirma que “mientras no se tengan soluciones palpables para la población minera, no se permitirá realizar ninguna intervención en nuestro territorio”.
¿A qué se refieren estos mineros informales? El pasado 5 de marzo, y durante los próximos dos años, en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata, según la Resolución número 0221 que crea la zona de reserva ambiental. De esta área, 23.929 hectáreas, que corresponden al 31,5 % de la zona de reserva temporal, incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.
El Ministerio de Ambiente también precisó que el acto administrativo que declara las zonas de reserva ambiental temporal solo tendrá efectos sobre actividades de minería. En consecuencia, no se alterarán los demás usos del suelo permitidos y determinados en los instrumentos de ordenamiento territorial; es decir, las actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, viales, de salud, educación, financieras y demás podrán continuar con normalidad. No obstante, la minería ilegal continúa en la región en la actualidad.
La decisión del Ministerio de Ambiente busca proteger las cuencas hidrográficas que provienen del Páramo de Santurbán y que integran los municipios de Charta, Vetas, Rionegro, Bucaramanga, California, Cáchira, Floridablanca, Lebrija, Piedecuesta, Suratá, Girón, Matanza, El Playón y Tona, en una extensión de 285.596 hectáreas. Debido a la minería ilegal, estas quebradas y ríos han sido contaminados con mercurio.
Pese a que esta declaratoria suma siete meses, y en el papel se firmó que no se permitiría la minería, en la práctica la realidad es otra. A pocos kilómetros del casco urbano de California se levanta un cerro de aproximadamente 300 hectáreas, que cuenta con por lo menos 200 entradas a minas. De estas minas ilegales, algunas ubicadas en el Páramo de Santurbán en los últimos siete años, han salido de forma ilegal toneladas de oro y plata que abastecen el mercado ilícito de estos metales en el oriente colombiano. Todo bajo la más completa impunidad de las autoridades ambientales y el Gobierno Nacional. Tan rentable es el negocio que un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad encargada de apoyar la lucha contra el lavado de activos, determinó que la minería ilegal en Soto Norte, Santander, generaría utilidades mensuales cercanas a los $26 mil millones.
El Comité de Mineros de California firmó ayer un documento donde le pide al Gobierno Nacional una mesa para estudiar el tema de la formalización de 650 personas y que “se reconozca la ancestralidad de la minería en California, porque nosotros desarrollamos pequeña minería que protege el páramo. Nosotros no defendemos a ninguna minera extranjera, como aseguran en Bucaramanga; queremos la formalización de nuestros mineros ancestrales de California…”.
La otra versión del Páramo de Santurbán
Mientras esto sucedía en California, Santander, el presidente Gustavo Petro publicó desde Estados Unidos un mensaje en la red X donde afirmaba que “ni Santander ni Bucaramanga se quedarán sin agua. El agua es más importante que el oro. Minesa no seguirá manipulando a Colombia por codicia”.
A su turno, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán acusó a las mineras internacionales que realizan exploración en el área de estar detrás del plantón en California e impedir el ingreso de los profesionales del Servicio Geológico Colombiano. “Este es un acto de saboteo de las multinacionales para impedir que la ciudadanía conozca la verdad de lo que están haciendo en Santurbán, contaminando el agua con sus actividades exploratorias, tal cual lo ha denunciado la comunidad de la zona. No quieren que se evidencie lo inviable de su proyecto minero…”.
Llama la atención que el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán no hace referencia a la actividad minera ilegal que en la actualidad se realiza en la zona y que es generadora de la contaminación con mercurio de fuentes hídricas, como lo reportó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Esta extracción ilegal de oro la realizan, por una parte, mineros tradicionales de California, con arraigo familiar e histórico en esta zona de Santander desde hace más de cuatro siglos, algunos con registros de títulos mineros otorgados por el Gobierno, que datan de principios de los años setenta. El otro grupo lo representan personas sin mayor experiencia en la extracción de metal o mineros provenientes de otros municipios y departamentos, migrantes, que en los últimos meses han llegado en buen número a California, localidad distante a 51 kilómetros de Bucaramanga.
A raíz de la declaratoria de reserva ambiental, la empresa canadiense Aris Mining, mayor accionista del proyecto Soto Norte, anunció en marzo pasado que espera finalizar a mediados de este año los estudios ambientales y técnicos para desarrollar una intervención a menor escala de explotación de oro, acorde con los lineamientos ambientales del Gobierno Nacional.
El director ejecutivo de Aris Mining, Neil Woodyer, desde Vancouver, Canadá, aseguró que el proyecto Soto Norte “aún está a varios años de su desarrollo y está previsto que comience después de la finalización de las expansiones en curso de nuestras minas Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas)”.