El presidente Gustavo Petro mostró su respaldo al proyecto que incrementa las transferencias de recursos a municipios y departamentos. Economistas y analistas han señalado que este proyecto podría poner en riesgo las finanzas del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro oficializó el respaldo del Gobierno a un proyecto que se tramita en el Congreso de la República el cual busca aumentar las transferencias de dinero a los municipios y departamentos, en un intento por la descentralización.
Sobre esta iniciativa, diversos economistas, exministros de Hacienda, analistas y centros de pensamiento han advertido que es inconveniente y podría llevar al país a una crisis fiscal si no se redefinen las competencias y obligaciones que tendrían los entes territoriales. “Una descentralización que no sea fiscalmente sostenible no beneficia a nadie”, señalaron desde Anif sobre este proyecto.
El principal objetivo del proyecto legislativo es aumentar hasta el 46,5 % las transferencias al Sistema General de Participaciones, SGP, que se destinan a los territorios, en un lapso de diez años.
Desde Anif, plantean algunos cambios entre ellos limitar esa transferencia a máximo el 35 % de los ingresos de la nación.
Pese a las advertencias, el presidente Gustavo Petro mostró su respaldo al proyecto, pero puso condiciones.
“He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el congreso al sistema general de participaciones, es decir el dinero de la nación que va a los municipios”, dijo Petro en sus redes sociales.
¿Por qué llevaría el país a una crisis fiscal y cuál es la alternativa?
El Acto Legislativo N° 018 de 2024 tendrá su sexto debate en la plenaria del Senado de la República pretende aumentar la transferencia de recursos y “fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios” del país.
Ese proyecto pretende descentralizar los recursos. No obstante, las críticas radican en que el Gobierno ya tiene compromisos inflexibles en su presupuesto como el pago de pensiones, gastos del sector militar, el pago de la deuda, entre otros, que no se pueden modificar. Por este motivo, el Gobierno no tendría espacio fiscal y las finanzas de la nación podrían comprometerse. Puede interesarle: Un mal proyecto de descentralización puede quebrar el país
El Centro de Estudios Económicos, Anif, ha advertido constantemente sobre el riesgo de este proyecto para la sostenibilidad de las finanzas de la nación. Si bien han reconocido la importancia de la descentralización, desde ese centro de estudios plantean que la iniciativa debe ser ajustada.
“Como hemos advertido en otras instancias -otras entidades también lo han hecho- una fórmula de transferencias que deje al Gobierno Nacional sin espacio fiscal y con un presupuesto casi en su totalidad inflexible puede implicar importantes riesgos macroeconómicos para el país”, señalaron desde Anif.
Ante las altas probabilidad de que el proyecto sea aprobado en el Congreso, Anif planteó que la fórmula para transferir recursos al SGP se limite a un máximo del 35 % en los diez años planteados.
“(…) creemos que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso están a tiempo de mejorar esta iniciativa de origen parlamentario. Por esta razón, y subrayando que estamos distantes del debate integral que este tema requiere, proponemos un cambio en la fórmula del SGP del Acto Legislativo, que cumpla con el objetivo de profundizar el proceso de descentralización, pero atenúe las preocupaciones en materia de sostenibilidad fiscal.
Bajo esa premisa, desde Anif destacaron que un aumento menor al original sería menor el impacto fiscal.
“Nuestra sugerencia permitiría que las transferencias aumenten de forma gradual y en línea con la reducción anticipada en el pago de servicio de la deuda para los próximos años.
Asimismo, plantearon establecer un piso y un techo. Con esa fórmula ayudaría a que los entes territoriales tengan los recursos suficientes para asumir nuevas competencias, pero con un monto acotado.
A esa discusión se sumó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien expresó la necesidad de ajustar el proyecto. El economista alertó que si no se ajusta el proyecto legislativo podría desencadenar en una “crisis fiscal, económica y social”.
“El proyecto de acto legislativo que busca casi duplicar las transferencias a las entidades territoriales generaría una crisis fiscal, económica y social. Es urgente que el Congreso de la República realice los ajustes necesarios para evitar estas consecuencias negativas”, explicó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Gobernador Juvenal Díaz apoya iniciativa
El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se pronunció a favor de este proyecto que busca un mayor giro de recursos a los departamentos.
En respuesta al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el mandatario de los santandereanos explicó porque, según él, se debe insistir en la búsqueda de la descentralización.
“(…) Lo que pasa en Colombia es que el centralismo les devuelve unas transferencias a las regiones (que ellas mismas producen), pero les asigna responsabilidades que superan por mucho lo que les transfiere”, dijo Díaz Mateus.
A renglón seguido, el gobernador indicó que en el caso del Programa de Alimentación Escolar, PAE, del valor total que cuesta la iniciativa, el departamento debe poner cerca del 78 %.
“De $190.000 millones que vale, aproximadamente, el departamento asume más de $150.000 millones”, dijo el mandatario seccional sobre este asunto.
¿Qué condiciones puso el presidente Petro para apoyar el proyecto de descentralización?
El presidente Gustavo Petro respaldó que las transferencias hacia los entes territoriales aumenten hasta el 46 % de los ingresos corrientes de la nación. El traslado debe ser gradual, según el mandatario.
Como segunda condición, Petro señaló que ese cambio debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios. “(…) Es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal”, dijo el mandatario.
Otro de los puntos que el mandatario pidió es que el proyecto se enfoque en beneficiar a las regiones más excluidas del país.
“La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz”, añadió Petro como tercera condición.
En el cuarto aspecto, Petro se refirió a que se deberían incrementar las competencias en salud y educación por parte de los entes territoriales.
“El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media”, dijo Petro.
“Ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad, de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, agregó Petro como última condición.