Para algunos expertos, la Variante de San Gil puede convertirse en el elefante blanco más grande del sur de Santander en los últimos tiempos.
Por ahora no habrá sanciones disciplinarias contra funcionarios del Instituto nacional de Vías, Invías, la entidad contratante de la Variante de San Gil, ni contra el consorcio ZM, responsable de la interventoría.
El Ministerio Público investigaba si hubo fallas en la planeación, en la gestión predial o en la ejecución del proyecto vial, pero al parecer vencieron los términos y ela indagación fue finalmente archivada. Cabe recordar que la obra permanece inconclusa, sin ninguna funcionalidad en la actualidad y a la espera de recursos para ser finalizada.
La decisión la tomó la Procuraduría Delegada Disciplinaría de Instrucción 9 (Cuarta para la Contratación Estatal) en un auto del pasado 29 de septiembre, liberando de responsabilidades a “Juan José Oyuela Soler, en su condición de director de contratación del Invías, Edgar Jesús Rojas Ramírez, Oscar Patiño Bustamante y Liliana lvonne Orjuela Díaz, en calidad de directores territoriales, y Miguel Ángel Botero Giraldo, en su condición de representante legal del consorcio ZMS”, señala el documento.
El fallo del ente de control se da un momento crucial del proyecto, en el que no se tiene claridad sobre la continuidad del mismo, debido a que permanece paralizado desde el 31 de julio de 2024, cuando finalizaron las obras del contrato en donde se invirtieron $183.000 millones, con un avance de apenas el 42,7% de lo pactado.
¿Dejaron prescribir la investigación de la Variante de San Gil?
“En cuatro años se tiraron la pelota entre oficinas, dejaron vencer los términos y hoy el caso se cierra sin que se investigara absolutamente nada”, señaló Cristian Avendaño, representante a la Cámara.
El legislador recordó que desde hace cuatro años radicó una queja ante la Procuraduría alertando que el proyecto podría convertirse en un elefante blanco, por las graves fallas de planeación, especialmente en la gestión predial.
Helí Guevara, representante de la veeduría ciudadana que le hace seguimiento al proyecto, dijo que no se entiende cómo se archivó un proceso de esta naturaleza por prescripción, cuando la Procuraduría General de la nación tienen las herramientas para adelantar esta clase de procesos sin necesidad de recibir denuncias y lo pueden hacer por oficio, por determinación propia.
“Lo procedente es la declaratoria de terminación del proceso disciplinario y su consecuente orden de archivo; lo anterior, por cuanto resulta imposible pronunciarse de fondo respecto de estos hechos al haberse extinguido la acción disciplinaria en virtud de la configuración del fenómeno de la prescripción”, recalca el documento de archivo, teniendo en cuenta que la firma del contrato se dio el 3 de agosto de 2018, venciendo el plazo establecido por la norma para adelantar el proceso sancionatorio.
Variante de San Gil: un proyecto en el aire
“Le pagaron al contratista el 100 % de una vía que no lleva a ningún lado. Lo que se construyó no sirve, no se conecta con nada y dejó a la gente igual: atrapada en el tráfico y expuesta a accidentes. Es un elefante blanco pagado con el dinero de todos los santandereanos”, afirmó el congresista”, alegó Avendaño.
De los 9,6 kilómetros de trayecto vial hasta ahora se han construido 4,1 kilómetros, ubicados entre la vía nacional en jurisdicción de Pinchote con un tramo por terminar de la vía que conecta a San Gil con Barichara.
Para la continuidad del proyecto se esperan los $80.000 millones anunciados por el Invías en 2024 y más de $120.000 millones que llegarían a través del acuerdo Vías de los Comuneros, sin que hasta el momento exista claridad sobre cuándo se harán efectivas las respectivas partidas.