La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo volvieron a alertar sobre el poco avance en la delimitación del páramo de Santurbán.
En un documento de 34 páginas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el vigésimo segundo informe de seguimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que ordenó la delimitación del páramo de Santurbán, en Santander, y advirtieron sobre los incumplimientos y las inconsistencias que se han presentado en el proceso que debe adelantar el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“El Ministerio Público evidencia que a la fecha no se ha emitido ningún acto administrativo de delimitación del páramo de Santurbán, a pesar de que la Corte Constitucional otorgó ‘el término de un año’ para ello y han transcurrido siete años y cuatro meses desde su notificación, lo cual ha propiciado el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, el aumento de la informalidad, dificultades en el desarrollo socioeconómico de la región, lo que ha acentuado el fracturamiento del tejido social de las comunidades de este territorio», dice el documento conocido en primicia por Vanguardia.
Si bien es cierto las dos entidades alertaron que el Ministerio de Medio Ambiente no ha avanzado en la delimitación que ordenó la Corte Constitucional, además de señalar que no se han tenido en cuenta las quejas y reclamos de la comunidad de Soto Norte, el informe también se va lanza en ristre contra la Resolución 221 de 2025, por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán.
“Para el Ministerio Público, si bien el Resolución 221 de 2025, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece una figura de reserva temporal sobre el macizo de Santurbán, es necesario precisar que su implementación no corresponde ni sustituye el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017. Esta sentencia, proferida por la Corte Constitucional, definió parámetros precisos y vinculantes en particularmente en lo relacionado con la garantía del derecho fundamental a la participación ambiental de las comunidades“, cuestionó el informe.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación volvieron a cuestionar que la declaratoria de las zonas de reserva no tuvieran vinculación y debate con la comunidad que resulta directamente afectada por esta resolución. “Estas comunidades, muchas de ellas carentes de conocimientos técnicos y jurídicos, no han tenido la posibilidad de presentar comentarios fundamentados que reflejen sus intereses y preocupaciones”.
Para las dos entidades públicas, la resolución que dejó adelantada la hoy exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, no tuvo en cuenta las voces de la comunidad, razón por la cual pidieron al Tribunal Administrativo de Santander decretar medidas cautelares sobre esta medida del Gobierno Nacional.
“Esta medida resulta esencial para salvaguardar los principios constitucionales de democracia participativa, publicidad, transparencia y debido proceso ambiental, así como para asegurar la observancia de los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú y en la Sentencia T-361 de 2017, cuya aplicación es indispensable para dotar de legalidad, legitimidad y confianza pública al acto administrativo proyectado en este ecosistema estratégico», dice el documento al que tuvo acceso esta redacción.
Gobernador había pedido no decretar las zonas de reserva
Susana Muhamad salió del Ministerio de Ambiente dejando varias deudas con el departamento de Santander que incluso merecieron un incidente de desacato en el Tribunal Administrativo por avanzar solo en un 3 % (como lo dijeron la Procuraduría y la Defensoría) con la delimitación del páramo de Santurbán, que fue ordenada por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-361 de 2017.
La misma exministra Muhamad dijo en una entrevista con Vanguardia que la delimitación del páramo de Santurbán estaría lista solo cuando el Gobierno de Gustavo Petro llegue a su final, es decir, en agosto de 2026, pese a que los fallos judiciales en su contra han pedido dar celeridad debido a la contaminación con mercurio en las fuentes hídricas que supera 40 veces los límites internacionales permitidos. Le puede interesar: Los datos “no públicos” de la contaminación con mercurio en el Páramo de Santurbán
Si bien es cierto esa fue una de las ‘papas calientes’ que recibió la funcionaria del Gobierno Nacional cuando llegó a la Casa de Nariño, y poco o nada logró avanzar pese a los pedidos de la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los ambientalistas, en el despacho de la entonces ministra ‘aterrizó’ otro tema de interés que le generó confrontaciones con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y los paramunos.
Se trata de la declaratoria de zonas de reserva que ‘congeló’ el 76 % de la extracción minería de oro y plata en la provincia de Soto Norte, en Santander. Esto con el objetivo de definir las áreas que en la región serán reservarse temporalmente (congelarse la actividad minera) para frenar la actividad minera, mientras se realizan estudios de fondo, que definan qué queda incluido o excluido de la minería para la protección del agua en la zona.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, en febrero se refirió directamente a la entonces ministra saliente de Ambiente, Susana Muhamad, a quien señaló de haber provocado un paro campesino en el departamento y de haber hecho pocas gestiones por la región.
“La ministra de Ambiente vino, pero fue a generarnos un paro. Ahora van a hacer otro paro porque no les cumplieron. La ministra vino varias veces pero a imponer el Decreto 044 y la comunidad de Soto Norte no permite eso porque no se ha cumplido el Acuerdo de Escazú y ahora nos quiere poner unas reservas forestales que incluyen hasta Bucaramanga”, cuestionó el mandatario departamental.
El Gobernador envió una carta a la hoy exfuncionaria de la Casa de Nariño – que tendría aspiraciones presidenciales en 2026 – y le pidió no dejar en firme la resolución que crea las zonas de reserva en siete municipios, argumentando que esto sería “lesivo” para el territorio.
“Funcionarios, mandatarios locales y la comunidad me han manifestado la inmensa preocupación que existe en nuestro departamento y especialmente en la provincia de Soto Norte debido a que, en plenas festividades de fin de año y ahora a comienzos de 2025, el Ministerio de Ambiente ha convocado a través de las alcaldías a una serie de reuniones en los municipios de la provincia con muy baja asistencia de la comunidad de base, para informarse que se encuentra publicado en la página un proyecto titulado ‘por la cual se declara una zona de reserva de recursos naturales de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga‘”, dice la misiva del Gobernador.