El Comité para la Defensa de los Cerros Orientales en Floridablanca le reclama a la Anla y a la Cdmb por la tala de unos 5.300 árboles en el fallido proyecto de la Conectante C1-C2, y pide compensación.
Comunidades, ambientalistas, gremios y hasta gobernantes se opusieron al proyecto de la Conectante C1-C2 en Floridablanca, por el daño ambiental que causaría a los cerros orientales del municipio, por las afectaciones a las familias campesinas y propietarios de predios, y porque no daría la solución a la movilidad que se prometió, y era sacar el tráfico pesado de las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Aunque el proyecto fracasó, porque el concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona se quedó sin recursos, lo que ahora preocupa es ¿quién va a responder por la tala de árboles y los daños a las quebradas y ríos?
El Comité para la Defensa de los Cerros Orientales lideró la lucha de rechazo al proyecto. Ahora la sigue el proceso para que el Estado responda por los más de 5.300 árboles que se talaron para construir los viaductos, sobre los que hasta ahora nadie se pronuncia.
Vanguardia se comunicó con el área de prensa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad que mediante la resolución 00345 del 12 de marzo de 2019 otorgó licencia ambiental al proyecto, para conocer las acciones que se hayan tomado con respecto al concesionario de la vía para la compensación por la tala de árboles y manifestaron que averiguarían al respecto. Sin embargo, al cierre de la edición no emitiron respuesta.
Sobre esta situación, Milady Tovar, miembro del Comité para la Defensa de los Cerros Orientales, señaló que se han enviado derechos de petición a las autoridades para saber quién va a responder por el daño ambiental, pero no han obtenido respuesta.
“No se sabe cuántos árboles talaron. En una reunión con el concesionario y autoridades ambientales dijeron que 1.300, en otra que 1.500 y luego que 5.300. Aquí uno de los culpables es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), que levantó una zona de reserva para poder construir el proyecto”, señaló Tovar.
El Comité solicita al Gobierno Nacional que alguien responda.
La responsabilidad de la Cdmb
Para la ejecución del proyecto, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) sustrajo 28.75 hectáreas de una zona de reserva conocida como Distrito Regional de Manejo Integrado (Drmi), además, otorgó permisos de aprovechamiento forestal sobre especies de árboles en veda y ocupaciones de cauces. En compensación, explicó la Cdmb, el concesionario entregó tres predios para protección ambiental en el municipio de Tona que alcanzan las 66 hectáreas, 10 más de las que se debían compensar.
Sin embargo, la Corporación aclaró que con respecto a la autorización para la tala de árboles y la compensación por ello se debe consultar a la Anla, que es la autoridad ambiental que otorgó y le hacía seguimiento al cumplimiento de la licencia.
Milady Tovar, miembro del Comité para la Defensa de los Cerros Orientales, señaló que se insistirá en una audiencia pública o una reunión para establecer responsabilidades frente al tema.