Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, la procuradora general Margarita Cabello Blanco se pronunció y afirmó que el líder de la Liga de Gobernantes no tiene derechos políticos por proteger.

Ante medios de comunicación, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que revocó la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander y afirmó que el líder de la Liga de Gobernantes no es sujeto de derechos políticos.

«La Corte Constitucional claramente dijo en la sentencia que los sancionados que hayan sido electos popularmente a un cargo público, si son sancionados en el ejercicio del cargo, las decisiones serán susceptibles de revisión ante el Consejo de Estado. Rodolfo Hernández no estaba en el cargo cuando fue sancionado. Ya no es funcionario público y no tiene derechos políticos que proteger», afirmó Cabello Blanco.

Su declaración se dio toda vez que en el mismo Siri del Ministerio Público el exalcalde de Bucaramanga registra tres sanciones disciplinarias en su contra, las cuales lo inhabilitaron por un periodo de tres años, para ejercer cargos públicos.

Incluso fue la misma Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, la que confirmó antes de la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no podría aspirar a la Gobernación de Santander.

Por dicho informe del Ministerio Público, el CNE determinó, en una reñida votación y ante dos conjueces, que Rodolfo Hernández no podía continuar con su aspiración a la administración departamental por tener la inhabilidad que confirmó la Procuraduría.

Petro, en defensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander por tener tres sanciones de la Procuraduría General de la Nación, y afirmó que no está de acuerdo con la decisión del órgano electoral.

«Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento», afirmó el jefe de Estado.

Su pronunciamiento obedece a un caso similar que le ocurrió cuando Alejandro Ordóñez era Procurador General y destituyó a Petro de la Alcaldía de Bogotá en medio de una acción disciplinaria que años después la Cidh no respaldó afirmando que se habían vulnerado sus derechos políticos.

«Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos», escribió Petro.

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