En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado denegó las pretensiones de una demanda que pedía anular la elección de Édgar Orlando Pinzón Rojas como alcalde de San Gil.
El Consejo de Estado ratificó en un fallo de segunda instancia la elección del alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, quien fue demandado por una supuesta inhabilidad para ejercer el cargo y participar en los comicios.
La decisión judicial, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, confirma la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, encontrando ambas corporaciones que no había argumentos para atender las pretensiones del demandante de una nulidad electoral.
De esta manera, Pinzón Rojas se mantendrá como alcalde de San Gil para el periodo 2024 – 2027.
En el momento de la redacción de este artículo, aún no se había dado un pronunciamiento oficial del mandatario local. La defensa fue adelantada por Isnardo Jaimes con su firma Jaimes Abogados Asociados y el doctor Álvaro Alario Montero.
¿En qué consistió la demanda de nulidad?
La demanda fue interpuesta por Gustavo Rodríguez Rojas, quien argumentó en su momento que Pinzón Rojas estaba inhabilitado para ser alcalde de San Gil, pues “tanto el accionado como su cónyuge, la señora Ligia Vargas Chaparro, son socios de la Cooperativa para la Promoción de la Salud (Coosalud), y que esta última integra el Consejo de Administración de dicho ente”.
Para el demandante, con esto se violaba el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que establece que “no puede ser elegido como alcalde municipal quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con quienes, dentro de los doce meses anteriores a la elección, hayan sido representantes legales de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
El Consejo de Estado ratificó en un fallo de segunda instancia la elección del alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, quien fue demandado por una supuesta inhabilidad para ejercer el cargo y participar en los comicios.
La decisión judicial, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, confirma la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, encontrando ambas corporaciones que no había argumentos para atender las pretensiones del demandante de una nulidad electoral.
