La Superintendencia de Industria y Comercio le recomendó a la ciudadanía ser cuidadosa con sus datos personales.
En el centro de Bucaramanga hay furor por la operación de una empresa que estaría pagando a aquellos ciudadanos que permitan tomar imágenes al iris.
Decenas de personas llegan hasta un local comercial en el centro de la capital santandereana para hacer su registro y descarga de una aplicación móvil. Bajo la premisa de recibir bonos mensuales que rondarían los $40.000, hasta por un año, los ciudadanos se acercan a las inmediaciones de la calle 36 con carrera 17 para buscar dicho local.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades nacionales, la práctica de la toma de datos biométricos está siendo investigada.
Otra de las usuarias que adelantó su proceso en esta sede de Bucaramanga comentó a Vanguardia que este pago no está siendo en efectivo, sino que les entregan “bonos” en la aplicación que descargan.
Esta redacción buscó una respuesta oficial por parte de los encargados del citado local comercial, sin embargo, se abstuvieron de responder las preguntas.
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Worldcoin Foundation y Tools For Humanity por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales.
Cielo Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio, explicó en entrevista con Blu Radio que ese investigación permitirá establecer cuál es la finalidad de esta recolección de información.
“Es un dato biométrico que equivale como a entregar el ADN, permite la identificación plena de las personas”, dijo la funcionaria.
De acuerdo con lo explicado por la Superintendencia, estas actuaciones tienen como fin determinar si las compañías señaladas habrían infringido el régimen de protección de datos.
“El propósito de las actuaciones es determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de datos personales colombiano en la recolección de datos personales de carácter sensible en relación con la implementación de políticas de tratamiento de datos personales y avisos de privacidad, la autorización previa expresa e informada de manera clara y transparente, la finalidad del tratamiento, la implementación de políticas de seguridad, la garantía de contar con un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado el derecho de hábeas data en l atención de consultas y reclamos de los titulares”, dijo la Superintendencia mediante un comunicado.
En caso de que la Superintendencia compruebe las conductas que imputó a los investigados, se podrían imponer sanciones que podría ir hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por seis meses.
Incluso, si el caso escala podría significar “el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio o el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles”.