Por estos días las administraciones municipales y departamentales no solo deben trabajar en sus Planes de Desarrollo pues también, deben formular sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana o PISCC como instrumentos clave para la planeación estratégica de la seguridad y la convivencia durante el próximo cuatreño.
Es en los PISCC donde se deben establecer los planes, programas y proyectos para prevenir, contener o solucionar factores de riesgo y comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia de las personas y comunidades. Esto implica que los PISCC como herramienta de articulación, planeación y gestión, deben definir un diagnóstico, objetivos, estrategias, responsabilidades, indicadores y metas.
La definición de estas herramientas determinantes de las inversiones locales para la seguridad y la convivencia no es responsabilidad de fiscales, jueces o de la Policía, sino una tarea de los alcaldes y gobernadores quienes, por mandato constitucional y legal, deben mediante los PISCC aterrizar en sus jurisdicciones los objetivos de la política de seguridad del gobierno nacional.
Esto tiene algunos aspectos inquietantes considerando las debilidades presupuestales e institucionales de la mayoría de los municipios colombianos principalmente, aquellos categoría 5 y 6 y por otro lado, por el insuficiente conocimiento que existe hoy alrededor el concepto de seguridad humana y como adecuarlo a la gestión local de la seguridad.
Alcaldes y gobernadores deben en los 4 primeros meses de este año construir con sus comunidades sus PISCC, luego de lo cual, este documento pasa a revisión o aprobación por parte del Comité Territorial de Orden Público durante los siguientes dos meses.
Es bueno aclarar, sin embargo, que los mandatarios locales para cumplir con esta tarea pueden recurrir a instancias nacionales como el Departamento Nacional de Planeación DNP; el Ministerio del Interior o la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, para recibir acompañamiento técnico y metodológico.
Tomar en serio la seguridad y la convivencia municipal y departamental exige que alcaldes y gobernadores formulen sus PISCC no solo para cumplir con la exigencia legal, sino para contar con una carta de navegación que les permita articularse con el gobierno nacional, con las autoridades judiciales y de policía y fundamentalmente, direccionar sus administraciones para prevenir y atender de modo integral, las necesidades de seguridad y convivencia de sus comunidades.