El presidente Gustavo Petro exhortó a la Fiscalía a investigar las irregularidades detrás del contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en el sector de ‘Caregato’ en La Mojana, que se suscribió por $130 mil millones y terminó en manos de megacontratistas santandereanos.
A través de su red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el escándalo de corrupción en la Ungrd que salpica a su administración. En su publicación, el mandatario de los colombianos le pidió a la Fiscalía investigar las presuntas irregularidades detrás del contrato de obra para tratar la emergencia en el sector ‘Caregato’ en La Mojana, en el departamento de Bolívar, que tuvo un valor inicial de $130 mil millones y que terminó en manos de unos megaconstratistas de Santander.
“Esta indicación del presidente fue desobedecida por la Ungrd. Aquí esta lo peor en estos años de una entidad cooptada por una corrupción estructural y profesional que nosotros debemos acabar. Solicito a la Fiscalía investigar el contrato de “Caregato” por 130.000 millones como todos los contratos en los últimos ocho años”, trinó Petro.
Puntualmente, el presidente se refiere al contrato de obra 9677-PPAL-001-1182-2023, por $129.225 millones, cuyo objeto era “realizar la ejecución de las obras de emergencia para la recuperación de la margen izquierda del dique del Río Cauca en el sector conocido como Rompedero Caregato en el Río Cauca, municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar, sector de La Mojana”.
Según reveló la Unidad Investigativa de Vanguardia, el contrato habría sido direccionado desde la Subdirección para el Manejo de Desastres, manejada por Sneyder Pinilla, y que terminó en manos de un recurrente contratista de su administración cuando fue alcalde de Sabana de Torres.
Para este proceso, la Ungrd les envió la invitación privada a las empresas HBC Ingeniería SAS, firma cartagenera que se dedicaba a contratos de mínima cuantía en el departamento del Magdalena, pero que en el 2021 se hizo a uno jugoso por más de $20 mil millones con Invías.
Además, fue invitada a cotizar la firma bogotana Constructora Ozul SAS, representada legalmente por Gonzalo Andrés Álvarez Arias. Según el Secop, esta constructora no tiene contratos con el Estado, por lo menos, no de manera particular.
Finalmente, de manera bastante cuestionada por veedurías, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también extendió una invitación al Consorcio RCG, cuyo representante legal es Juan Leonardo Becerra Moreno.
Contratistas cuestionados
Precisamente, el Consorcio RCG se aseguró el lucrativo contrato de La Mojana después de que la Constructora Ozul optara por no presentar una oferta y HBC Ingeniería, aunque registró una cotización, no cumplió con los requisitos formales necesarios.
El Consorcio RCG está integrado por Petrolabin, empresa propiedad de Miller Castaño, socio y amigo del excontralor departamental, Fredy Anaya, con quien es señalado de presuntos volteos de tierras en Girón y Floridablanca.
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Del mismo modo, la firma Valco Holding SAS, contratista del gobierno de Richard Aguilar en la Gobernación de Santander, también hace parte del Consorcio RCG.
Valco Holding SAS es propiedad de los hermanos Valderrama Cordero, destacados contratistas que durante la Gobernación de Richard Aguilar Villa (hermano del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado). Durante este periodo, ellos fueron responsables de la ejecución de importantes proyectos de infraestructura en el departamento, tales como el Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, avaluado en $90 mil millones, así como el corredor vial San Gil – Charalá – Límites, con un presupuesto de $185 mil millones, entre otros.
Como tercer integrante del Consorcio encargado del millonario contrato en La Mojana aparece la empresa EBM Construcciones e Interventorías SAS, matriculada en Valledupar, Cesar, y representada legalmente por Ever de Jesús Castillo Jimeno.
EBM Construcciones e Interventorías SAS es una empresa “milagro” puesta en marcha en octubre del 2019 con un capital inicial de seis millones de pesos, aportados por su socio fundador, Jesús Armando Cervantes Ceballos, y en tan solo tres meses pasó a tener un activo total de $3.974 millones.
A pesar de su corta vida comercial, EBM Construcciones logró convertirse en uno de los grandes contratistas de la Costa Caribe, suscribiendo desde el 2020 hasta la fecha 38 contratos por más de $20 mil millones. Para abril del 2024, el activo total de la firma superaba los $35 mil millones.
El Consorcio RCG cuenta entre sus empresas afiliadas con Construsego SAS, cuyos propietarios son Germán Alberto Serrano Gutiérrez y Jaime Omar Gómez Manrique, dos prominentes contratistas regionales que han estado envueltos en diversos escándalos contractuales. Entre estos, destacan las concesiones polémicas a 20 años de varios parques en Floridablanca, durante las cuales no realizaron ningún pago y se beneficiaron al parecer del usufructo de esos terrenos, tanto durante la administración del exalcalde Héctor Mantilla como bajo su sucesor, Miguel Ángel Moreno.
Estos empresarios, además, son los contratistas del fallido colegio La Laguna, en el municipio de Los Santos, que tuvo un costo superior a los $5.335 millones.
Los socios de Pinilla
Germán Alberto Serrano y Jaime Omar Gómez Manrique no son ajenos al exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, quien ahora se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción durante el gobierno de Petro.
Vanguardia revisó la contratación de los cuatro años en los que Pinilla Álvarez actuó como alcalde de Sabana de Torres (2016 – 2019) y encontró que, en menos de un año (en 2018), ellos recibieron tres contratos por más de cinco mil millones con la administración Pinilla: en dos de ellos figuraron como únicos oferentes y con calificaciones perfectas en los procesos licitatorios en los que participaron.
Cabe aclarar que el también contratista Julián Serrano Gómez no hace parte de la contratación de La Mojana en la Ungrd, ni tampoco registra haber celebrado contratos con la Alcaldía de Sabana de Torres cuando Sneyder Pinilla era alcalde. Se trata de un caso de homonimia.
Un equipo auditor de la Procuraduría General constató que persisten filtraciones en las obras de emergencia llevadas a cabo por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), destinadas a controlar el flujo del agua del río Cauca en el punto “Caregato” de La Mojana.
Frente a esta situación, el Ministerio Público alertó y pidió a la Ungrd acciones inmediatas que refuercen el sitio afectado, intensificando los frentes de trabajo y la maquinaria necesaria para el control de las filtraciones.
El ente de control precisó que, “luego de recorrer la totalidad del proyecto en el dique de contención, ejecutado para soportar el aumento de los niveles en el río Cauca por las recientes lluvias, constató que la situación de permeabilidad se presenta en uno de los diques anteriores construidos, área de 150 metros aproximadamente que carece de geocontenedores”.
La Ungrd contrató a la firma Estudios, Consultorías y Obras SAS, representada legalmente por José David González Olivella, para que realizará la interventoría contractual del contrato 9677-PPAL- 001-1182-2023, por valor de $3.951 millones.
La firma constituida en Valledupar, Cesar, cuenta con una amplia experiencia contractual en la Costa Atlántica, especialmente en el municipio de Ariguaní, Magdalena, pueblo natal del senador del partido Cambio Radical, Carlos Mario Farelo, cercano al clan político del Magdalena de Luis Miguel Cotes, exgobernador del Magdalena.
De hecho, la firma interventora del controvertido contrato de La Mojana ha tenido relaciones comerciales para la ejecución de contratos públicos con la firma Maestre & Sánchez SAS, propiedad del empresario del Magdalena, Luis Alejandro de Jesús Maestre Quiroz, esposo de la diputada de ese departamento, Candy Jhuliet Sánchez Velásquez, quien llegó a la duma departamental por el aval de Cambio Radical y el ‘guiño’ del senador Farelo. Además, Estudios, Consultorías y Obras SAS es socia renuente de la firma de Casanare: H&V Ingeniería SAS, la cual es representada legalmente por Andrés Orlando Holguín Barrera, excandidato a la Asamblea de Casanare por el Centro Democrático.
Fuente: Vanguardia.